Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de España en contra del referéndum de independencia previsto para el domingo en Cataluña, al que el presidente regional no piensa renunciar a pesar de la oposición de Madrid.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo de esta rica región del noreste de España está decidido a celebrar esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional español.
El domingo, 'lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos', afirmó el presidente regional Carles Puigdemont en una entrevista a la AFP a menos de 24 horas del comienzo del sufragio.
Unas horas después, miles de personas con banderas españolas salieron a las calles de Barcelona y de otras ciudades del país para mostrar su rechazo contra este proyecto que mantiene divididos a los 7,5 millones de catalanes.
'Catalonia is Spain (Cataluña es España)' o 'Nosotros también somos catalanes', cantaban bajo la lluvia en el centro de Barcelona.
'Me trae un poco el cansancio de esta ruptura, el cansancio de esta antidemocracia, el cansancio de estas imposiciones, de este quebrantamiento de la ley', dijo a la AFP María José Moreno, de 54 años.
En Madrid, Valladolid, Santander, Sevilla o Valencia también llovían críticas al nacionalismo catalán además de alguna que otra al gobierno español.
'El Estado tiene que hacer política, tiene que convencer de lo bueno que es estar unidos, en lugar de repetir todo el tiempo que el referendo es ilegal', lamentaba Rafael Castillo, ingeniero, en Madrid.
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- Voto con 'normalidad' -
Pero las relaciones entre ambos ejecutivos son casi nulas desde que el presidente regional Puigdemont decidió convocar este referéndum sabiendo que el Tribunal Constitucional lo juzga ilegal.
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio.
Pero también, que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.
'Si el Estado español hoy dice vamos a acordar un referéndum (...) Vamos a para esto', afirmó a la AFP Puigdemont, dispuesto a desconvocar la consulta.
Pero si no fuera así, 'el gobierno (catalán) lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad'.
Su ejecutivo dice disponer de un censo de 5,3 millones de personas que podrían votar en los 2.315 circuitos electorales repartidos por toda la región.
En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
La instrucción iba dirigida a la policía catalana, dependiente del gobierno independentista regional, que tiene órdenes de sus comandos de no aplicar la violencia para desalojar los colegios.
