La policía regional de Cataluña se mostró ayer reticente ante la orden de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia del domingo, prohibido por la justicia española, y alertó del 'riesgo' de disturbios.
A pesar del despliegue policial y la prohibición del Tribunal Constitucional, los líderes independentistas mantienen como pueden la organización del escrutinio en esta región mediterránea con 7,5 millones de habitantes divididos sobre la secesión.
Tras desmantelar gran parte del operativo electoral, detener altos cargos del gobierno y requisar numeroso material de votación, la fiscalía reclamó a la policía regional catalana el precinto (sello de seguridad) de los espacios designados para efectuar el voto.
Dicha decisión, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede 'comportar consecuencias no deseadas', advirtió la policía regional, los Mossos d'Esquadra, en su cuenta de Twitter.
'Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar', añadió.
Sin embargo, la orden fue confirmada ayer por una jueza de instrucción que investiga al gobierno regional presidido por Carles Puigdemont de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria de este referendo desoyendo la suspensión judicial.
Esta jueza ordenó a todas las policías del país, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, actuar 'conjuntamente' para 'impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales (...) para la preparación de la celebración del referéndum'.
Refuerzo policial
La misión es delicada para la policía regional, con 16.800 agentes, dada su proximidad a la población de esta región. Anticipando sus reticencias, el ministerio español de Interior desplegó un amplio refuerzo policial de alrededor de unos 10.000 agentes en Cataluña de acuerdo al diario El País.
'Lo que probablemente hagan es evitar el voto en las grandes ciudades', reduciendo así al máximo el número de votantes para que el escrutinio tenga menos legitimidad, señalaba a la AFP una alta fuente judicial.
'Factible puede ser, el problema está en los disturbios que pueda generar', apuntaba el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Ignacio González.
La idea del gobierno catalán es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2.700. Un número muy elevado de centros al que se añade otra dificultad: su posible ocupación y las movilizaciones para dificultar su cierre por parte de la policía.
