Los independentistas catalanes salieron nuevamente a las calles ayer para insistir en su voluntad de abandonar España, pero el Estado les corta una tras otra las vías de organizar el referéndum de autodeterminación previsto para el 1o. de octubre.
Los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no paran de llegar a Cataluña, y se buscan todavía las urnas para el escrutinio. Detenciones, registros, multas: el gobierno conservador de Mariano Rajoy emplea todas sus fuerzas para responder al desafío lanzado por los independentistas.
Tras reclamar en vano mayor autonomía a Madrid e intentar acordar este referéndum, el gobierno catalán, dominado por los independentistas desde 2016, decidió organizar este escrutinio saltándose la prohibición de la justicia.
El presidente catalán Carles Puigdemont y sus aliados forzaron el reglamento del parlamento regional para aprobar la ley de este referéndum unilateral, lo que agravó la división entre los independentistas y la oposición.
Multas disuasorias
Personas claves en la organización, tanto del gobierno como de la comisión electoral, renunciaron a sus cargos para evitar multas diarias de hasta 12.000 euros, impuestas por el Tribunal Constitucional para obligarlos a obedecer la suspensión del escrutinio.
El sábado, Rajoy pidió a los dirigentes independentistas que reconocieran que no habrá referéndum. Según un sondeo publicado este domingo en el diario El País, un 61% de los catalanes encuestados cree que el referéndum no tendría garantías suficientes para considerarse válido.
Pero Puigdemont no cede, y en su cuenta de Twitter sigue colgando vínculos de webs donde los ciudadanos pueden encontrar sus colegios electorales, mientras la justicia ordena sistemáticamente el bloqueo de cada una de ellas.
