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Las audiencias que se realizarán a partir de hoy en la OEA para analizar si en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad son un paso sin precedente, dijo ayer el responsable de esas reuniones en el organismo, Luis Moreno Ocampo, en medio de críticas de Caracas a las mismas.

'Este mandato es único, es la primera vez que se hace, y no tiene precedentes', dijo a AFP el jurista argentino, quien en julio pasado fue nombrado Asesor Especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para Crímenes de Lesa Humanidad.

El también exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) destacó que las audiencias que se realizarán en la OEA hoy y mañana y no constituyen 'un juicio' y que 'se trata de saber si hay bases razonables para abrir una investigación'.

Análisis de información

Por iniciativa de Almagro, Moreno Ocampo será facilitador de las audiencias y del trabajo con expertos para decidir, mediante el análisis de la información, si hay base para elevar el caso de Venezuela a la CPI.

El martes, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la delegación de Venezuela denunció la carencia de un mandato expreso de los países miembros para realizar las audiencias.

'Tuvimos hace una semana una reunión con embajadores y se cuestionó este tema. El Secretario General explicó que él cree que esta es su atribución', relató. Como Almagro obtuvo fondos externos de la OEA para este proyecto, 'él define su mandato', añadió.

Los resultados

Después de las audiencias, ya en el mes de octubre, tres expertos convocados por la OEA, producirán una conclusión sobre si el caso debe o no ser enviado a la CPI.

Si la conclusión de esos expertos es que el caso debe ser considerado por la CPI, bastará con 'un único voto de parte de un país que sea miembro de la OEA y también de la Corte Pena' para elevarlo a este tribunal. 'Ese voto puede ser incluso de uno de los países europeos observadores de la OEA', explicó Moreno

Estados Unidos no podría emitir el voto decisivo, ya que no hace parte de la CPI.

Moreno Ocampo señaló que un caso sólo puede ser enviado a la CPI si se determina que ocurrieron crímenes de forma masiva o sistemática, cometidos por una organización como parte de un plan general, y que no existen esfuerzos locales genuinos para investigar lo ocurrido.