Un día después de la gran manifestación independentista en Barcelona, la fiscalía movilizó ayer a la policía para impedir el referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña por el gobierno de esta región española a pesar de la prohibición judicial.
La instrucción, difundida por la fiscalía en un comunicado, va dirigida 'a todas las unidades de policía' que operan en la región, pidiéndoles que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares 'a fin de evitar la consumación de los delitos', es decir, el escrutinio del 1o. de octubre.
Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, a quienes piden actuar contra sus superiores políticos.
'Los funcionarios policiales (...) procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal', dice la instrucción.
Entre estas medidas, especifica está la requisación de 'urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal'.
El gobierno independentista de Carles Puigdemont fue denunciado por la fiscalía por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al convocar este referéndum a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
Otras prioridades
Sin rebatir directamente las instrucciones de la fiscalía, el portavoz del gobierno catalán señaló que las prioridades de este cuerpo policial son otras.
'La prioridad es (...) destinar todos los esfuerzos todas las energías y todos los efectivos a intentar combatir el yihadismo terroristas delante del nivel de amenaza que hay', dijo en una rueda de prensa Jordi Turull.
Tensión en el Senado
La tensión entre el ejecutivo central y los dirigentes regionales se evidenció en una sesión en el Senado, donde la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría acusó a los independentistas catalanes de distribuir 'carnés de catalanes buenos' y excluir a quienes no piensan como ellos. 'Quieren imponer la independencia en contra de la democracia', afirmó.
También en la capital, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de transitoriedad jurídica, aprobada el jueves por la mayoría independentista del parlamento regional para regular la transición y fundación de una hipotética república independiente si ganan el referendo.
