El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este miércoles de 'traición a la patria' a la mayoría opositora del Parlamento por pedir a la OEA evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país, señalamiento rechazado por el jefe del Legislativo.
'Lo que hicieron ayer (el martes) constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de Estado, y tiene que haber justicia', dijo el mandatario en una transmisión televisiva.
Esa violación es castigada con penas de 20 a 30 años de cárcel, según el código penal.
Maduro le solicitó al diputado oficialista Víctor Clark denunciar a los 'peleles del imperialismo que desde la Asamblea están en campaña apoyando documentos para la intervención de Venezuela'.
'No estamos pidiendo una intervención extranjera, estamos pidiendo la intervención del pueblo a través del voto', respondió en rueda de prensa Julio Borges, presidente del Parlamento, acusando a Maduro de 'secuestrar' el derecho al sufragio.
La cámara aprobó el martes un acuerdo que solicita al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela.
La iniciativa se tomó a propósito del informe que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó el 14 de marzo al Consejo Permanente pidiendo esa medida y la suspensión de Venezuela como miembro si no celebra elecciones generales en breve.
'Lo grave es que personas investidas de autoridad, unos diputados, hayan pedido que se intervenga Venezuela (...) Que después no salgan a lloriquear', sostuvo Maduro.
Diputados chavistas acudieron este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir la nulidad del acuerdo legislativo, al considerarlo un 'delito constitucional'. Sin embargo, Borges señala que la Carta Democrática es un documento suscrito por Venezuela, 'con rango legal'.
El TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- declaró a la Asamblea en desacato y 'nulas' todas sus decisiones por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Por ello Maduro dijo que el pedido legislativo a la OEA 'no vale nada'.
La misiva de Almagro es una versión actualizada del reporte sobre Venezuela que presentó en junio de 2016 y que abrió un debate en la OEA, aún sin conclusión.
Según Almagro, el gobierno venezolano 'viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir'.
