El Senado y la Cámara de Brasil garantizaron a la OEA que el proceso de destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff 'respeta la Constitución'.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, pidió explicaciones al Gobierno brasileño después de que parlamentarios del Partido de los Trabajadores, de Rousseff, solicitaran a ese organismo suspender el proceso contra la presidenta, cuya fase final empieza mañana.
El documento, firmado por el abogado del Senado, Alberto Cascais, señala que el proceso cumplió todos los 'preceptos constitucionales, y reglamentarios'.
El Senado subrayó además que no se puede 'hablar de cualquier ilegalidad en los actos practicados' por los legisladores 'elegidos por el pueblo'.
