La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la noche del martes el proyecto de ley de amnistía y reconciliación que busca liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados 'presos políticos', una normativa que no cuenta con el respaldo del gobierno.
Tarde en la noche, el Congreso —bajo el control de la oposición y en medio del rechazo de los oficialistas— aprobó en el segundo y último debate el proyecto de ley que fue una de las promesas de la coalición opositora en la pasada campaña electoral. La mayoría opositora aprobó a mediados de febrero el proyecto de ley en una primera discusión.
El texto de la ley, que es rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contempla una amnistía para los llamados 'presos y perseguidos políticos' de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
La legislación exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Política Interior del Congreso, Delsa Solórzano, defendió a nombre de la coalición opositora el proyecto de ley al asegurar que tiene base constitucional y afirmó que el país desea la reconciliación.
Durante la sesión, el diputado oficialista Francisco Torrealba objetó la legislación, a la que llamó la ley del 'auto perdón' y la 'impunidad', y subrayó que de aprobarse generará 'confrontación' en el país.
Entre los asistentes a la sesión estuvo Lilian Tintori, esposa de López, quien escribió en la red social de Twitter: 'Aprobada la Amnistía! Venezuela pasemos la página del odio y las divisiones. Fuerza y Fe!'
'No veo la hora de llegar a casa para decirle a mis hijos que por fin faltan pocos días para que regrese papi! #AmnistíaEsLibertad', añadió.
Horas antes, el presidente Maduro afirmó que no estaba dispuesto a promulgar ninguna ley de amnistía, pero la mayoría opositora sostuvo que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
La 'ley criminal, la están aprobando en la Asamblea hoy, le metieron un 'fast track (vía rápida)' de un día a otro', dijo Maduro en alusión al hecho de que la discusión del proyecto de ley fue introducida de último minuto en la agenda legislativa del martes. 'Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas'.
Durante un acto de gobierno transmitido por radio y televisión, Maduro indicó que en Venezuela 'hay políticos presos' por delitos y 'no presos políticos'.
'Tengan la seguridad que esa ley por aquí (el Ejecutivo) no pasa. (Que) lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar a terroristas y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan', insistió.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, anunció que pese a los pronunciamientos del mandatario, 'se declara aprobado en segunda discusión... y de conformidad con lo establecido (en la Constitución) se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional, al ciudadano Presidente Constitucional de la República, para su promulgación'.
Ramos Allup ha considerado necesaria la ley argumentando que muchos opositores fueron sentenciados 'en juicios trucados' con 'pruebas indirectas, pruebas colaterales'. El presidente de la Asamblea ha advertido que la ley se enfrentará a obstáculos, citando como el mayor de ellos al Tribunal Supremo de Justicia, que ha revertido otras leyes aprobadas por el Legislativo.
Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia —cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas— se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al contravenir las decisiones del Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre los dos poderes.
Entre enero y marzo, el Tribunal Supremo suspendió la designación que hizo el Congreso de tres diputados opositores; declaró vigente el decreto de emergencia de Maduro que rechazó la mayoría opositora — medida que renovó 60 días después; limitó las funciones del Legislativo para citar a los funcionarios civiles y militares; y dejó sin efecto la revisión de las designaciones de 13 magistrados que acordaron los congresistas opositores.
Algunos analistas estiman que ante el abierto enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno la ley podría enfrentar muchas dificultades y limitaciones para que los tribunales y jueces puedan cumplirla.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían beneficiarse con la ley está López, que fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión tras ser acusado de promover violentas protestas en la capital en febrero de 2014, las cuales dejaron tres muertos y decenas de heridos.
El dirigente opositor de 44 años fue detenido el 18 de febrero de 2014 y está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
