Washington. La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles al Gobierno estadounidense investigar por la vía penal al expresidente George W. Bush y varios de los altos funcionarios de su Administración, con base en las torturas practicadas por la CIA a sospechosos de terrorismo la década pasada.
En un nuevo informe, HRW sostiene que los funcionarios que 'crearon, autorizaron e implementaron' el programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 'deberían estar entre los investigados por conspiración para torturar, así como otros crímenes'.
Entre ellos cita a Bush, que presidió EE.UU. entre 2001 y 2009; su vicepresidente, Dick Cheney; su asesora de seguridad nacional y más tarde secretaria de Estado, Condoleezza Rice; su asesor legal y después secretario de Justicia, Alberto Gonzales; el director de la CIA hasta 2004, George Tenet; y el exfiscal general John Ashcroft.
Todos ellos, y otra media docena de asesores, autorizaron o estuvieron implicados de algún modo en la práctica de torturas para extraer información a los sospechosos detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU., afirma la organización.
La investigación de HRW concluye que 'hay pruebas sustanciales para apoyar la apertura de nuevas investigaciones' contra esos funcionarios sobre posibles delitos criminales, entre ellos 'tortura, asalto, abusos sexuales, crímenes de guerra, y conspiración para cometer esos crímenes'.
Por tanto, pide a la fiscal general, Loretta Lynch, que designe a un fiscal especial para desarrollar una 'investigación criminal creíble, meticulosa e independiente' sobre las torturas de la CIA.
La organización recuerda que, entre esas torturas, hubo prácticas como el ahogamiento simulado -consistente en verter agua sobre el rostro cubierto con una tela para provocar asfixia- o el encadenamiento de los detenidos desnudos en celdas oscuras 'durante semanas y meses'.
'Nadie con una responsabilidad real por estos crímenes ha rendido cuentas, y el Gobierno ha frustrado deliberadamente los intentos de parte de las víctimas para obtener reparación y compensación en los tribunales de EE.UU.', indica el informe.
Aunque el programa de la CIA fue prohibido por el actual presidente, Barack Obama, poco después de llegar al poder en 2009, 'el encubrimiento de esos crímenes parece continuar', según HRW.
En 2012, el Gobierno de Obama concluyó una investigación criminal sobre si se violaron leyes federales en conexión con el interrogatorio de detenidos fuera de EE.UU., pero no presentó ningún cargo criminal por falta de pruebas suficientes, según indicó entonces el Departamento de Justicia.
Para HRW, 'el aparente fracaso de esa investigación a la hora de cuestionar a detenidos o exdetenidos merma cualquier argumento de que fue rigurosa o creíble'.
La organización recuerda que el Gobierno estadounidense 'tiene una obligación bajo la ley internacional de procesar la tortura cuando esté justificado y proporcionar una reparación a las víctimas, pero no ha hecho ninguna de esas cosas'.
Hace un año, el comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. publicó un informe en el que aseguró que la CIA llevó a cabo prácticas de interrogatorio más brutales y menos efectivas de lo admitido hasta entonces.
Pero, un año después, 'el Gobierno de Obama no ha abierto aún nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA', afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en un comunicado.
'Sin esas investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre', advirtió Roth.
Un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, dijo a Efe que su agencia 'está revisando' el informe de HRW.
