La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha pedido que se investigue a Volkswagen por supuestos delitos de defraudación, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente, en el escándalo por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en unos 700.000 vehículos en España.
En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal explica que las emisiones lanzadas por los vehículos trucados pueden 'haber causado daños sustanciales a la calidad del aire'.
Teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con el mediambiente es objeto de subvención pública para su fomento, explica el Ministerio Público, 'el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público'.
Volkswagen ha admitido que ha trucado los motores de 11 millones de vehículos en el mundo.
El fiscal Marcelo de Azcárraga pide que el magistrado requiera al Grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró en 683.626, de los cuales 221.783 corresponden a Seat, y el organigrama en este país especificando el personal y las funciones de cada uno.
Además, quiere que el grupo, que deberá nombrar abogado y procurador y designar a un representante para que comparezca en su nombre, identifique a la empresa a la que se encargó el software manipulado.
También solicita que el Ministerio de Industria aporte toda la información que haya reunido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA) y otras periciales, los informes aportados por la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los coches trucados.
Por último, pide que el Ministerio de Medio Ambiente entregue informes sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.
Según explica, para resolver el 'reto técnico' de fabricar un motor que consuma poco y mantenga gran potencia sin desprender gases por encima del límite, Volkswagen introdujo un software a sus motores diésel 2.0 TDI, de la familia EA 189.
Ese programa es capaz de detectar cuándo el vehículo está siendo testado para reducir sus emisiones contaminantes, de forma que se adapten a los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Sin embargo, ya fuera del banco de pruebas y en condiciones de funcionamiento normal, los coches emitían gases muy por encima de los límites permitidos, incluso de 40 veces más.
Por todo ello, el Ministerio Público pide que se investiguen los hechos, ya que aprecia varios delitos de defraudación, en concreto estafa y publicidad engañosa, así como fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.
