Los problemas legales y de imagen del Grupo Volkswagen han empezado a multiplicarse en Estados Unidos, con la apertura de varias investigaciones tras la revelación de que el fabricante alemán trucó casi medio millón de vehículos diesel para evitar las regulaciones medioambientales.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo hoy a Efe que, junto con otros estados, está iniciando una investigación sobre las acciones del Grupo Volkswagen.
También hoy, varios medios de comunicación locales dijeron que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre las acciones de la compañía, que el viernes aceptó las conclusiones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de que durante años trucó sus vehículos con un software fraudulento.
Fuentes consultadas por el periódico The Wall Street Journal señalaron que la división de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia ha asumido la investigación penal.
El subdirector de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia declaró hoy Efe no poder 'confirmar o negar' la existencia de dicha investigación contra Volkswagen.
'Como materia de política, no realizamos comentarios sobre investigaciones', añadió el portavoz de Justicia.
Pero las palabras pronunciadas hoy por la fiscal general asistente del Departamento de Justicia, Leslie Caldwell, en un discurso pronunciado en Nueva York, anticipan que las autoridades estadounidenses están dispuestas a que Volkswagen se enfrente a todo el peso de la ley.
En su discurso, pronunciado en una conferencia anual sobre investigaciones internacionales, Caldwell dijo que 'imputar a la entidad corporativa e imponer una multa u otras condiciones impersonales, simplemente no es suficiente, en la mayoría de las circunstancias, para castigar totalmente y, lo que es más importante, disuadir la mala conducta corporativa'.
Quien sí ha informado del inicio de procesos contra el fabricante alemán es el Congreso estadounidense.
El presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el republicano Fred Upton, informó este lunes que en las próxima semanas el organismo llevará a cabo una vista sobre el fraude cometido por Volkswagen.
'El público estadounidense se merece respuestas y garantías de que esto no pasará de nuevo. Tenemos la intención de conseguir esas respuestas', afirmó Upton.
La apertura de estas investigaciones supone que la pesadilla de Volkswagen en Estados Unidos sólo acaba de empezar y que la imagen del principal fabricante de automóviles del mundo sufrirá gravemente en el proceso.
Con casi toda seguridad, el presidente del Grupo Volkswagen así como los principales directivos de la compañía se verán forzados a comparecer ante alguno de los comités del Congreso para explicar el fraude perpetrado y ofrecer públicamente disculpas en suelo estadounidense.
La situación es similar a la que encararon con anterioridad otros dos gigantes del mundo del automóvil, Toyota y General Motors (GM), quienes también reconocieron haber ocultado y engañado a las autoridades y al público estadounidense.
En febrero 2010, el presidente y consejero delegado de Toyota, Akio Toyoda, y el presidente de Toyota en Norteamérica, Yoshimi Inaba, comparecieron ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para responder por los defectos de aceleración involuntaria de sus automóviles.
Los defectos, una alfombrilla mal diseñada y un sistema de control de velocidad defectuoso, causaban aceleraciones involuntarias en los vehículos de Toyota. Pero la compañía japonesa negó y ocultó el problema durante años hasta que se vio obligada a reconocer que los defectos causaron 89 fallecidos.
La compañía también se vio forzada a revisar millones de vehículos en todo el mundo.
Ante el interrogatorio de los congresistas estadounidenses, Toyoda presentó en repetidas ocasiones sus 'condolencias desde lo más profundo de mi corazón' y expresó su 'vergüenza' por lo sucedido.
Cuatro años después, fue el turno de los directivos de General Motors de encarar la ira de los congresistas por el sistema de ignición defectuoso que la compañía instaló, a sabiendas, en 2,6 millones de vehículos y que causó al menos 124 muertos en las carreteras estadounidenses.
El defecto, que se podía haber solucionado si GM hubiese invertido un dólar extra en cada vehículo, provoca el apagado involuntario e inesperado del motor, lo que cancela los sistemas de airbag por lo que, en caso de impacto, los ocupantes no cuentan con este sistema de seguridad.
La consejera delegada de GM, Mary Barra, así como los principales ejecutivos del fabricante comparecieron en varias ocasiones ante comités del Congreso para responder las preguntas y enfrentarse a las duras críticas de los legisladores.
