El Gobierno panameño dijo este jueves que desconoce el paradero de la exjefa del DAS, María del Pilar Hurtado, quien perdió el estatus de asilada que tenía en Panamá a mediados de año y es buscada por la Justicia nacional.
'No tenemos información de su paradero', afirmó la vicepresidenta y canciller del país, Isabel De Saint Malo de Alvarado, al ser preguntada en una entrevista sobre el caso de Hurtado.
'Sí le puedo decir que ella no tiene estatus legal en la República de Panamá. De hecho, no podría obtener estatus legal porque la información que nosotros tenemos es que el Gobierno colombiano le canceló el pasaporte', dijo al Canal 13.
De Saint Malo añadió que tiene la 'información' de que Hurtado tampoco recibirá el estatus de refugiada que solicitó ante las autoridades panameñas, porque 'ella no llena los requisitos para que se le conceda esa condición'.
En caso de que la exjefa de inteligencia acudiera a las autoridades migratorias panameñas, éstas 'tendrían que tomar cartas en el asunto (aunque) me imagino que ella tendría que abandonar el país' y regresar a Colombia, indicó.
Hurtado es acusada de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.
La exjefa de inteligencia se asiló en Panamá en 2010, pero perdió esa condición después de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia declarase inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió ese derecho de la justicia internacional.
En agosto pasado el Gobierno de Juan Carlos Varela notificó a Colombia que había negado una petición de extradición de Hurtado, la segunda presentada.
Panamá argumentó que las leyes panameñas y convenios internacionales le impedían 'conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona, tal como fue el caso en mención'.
A Hurtado, que fue directora del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia), se le vincula a una trama de escuchas ilegales de la que fueron víctimas magistrados, políticos y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
