El Congreso de México avanza el miércoles hacia la discusión y votación final de las reglas de una amplia reforma energética que romperá con más de siete décadas de monopolio estatal y abrirá a empresas privadas la exploración y producción de crudo y gas.
Avaladas en días previos por la Cámara de Diputados, el pleno del Senado comenzó la discusión de las últimas dos de las 21 leyes en las que se detallan bajo qué modalidades se permitirá a inversores extranjeros y nacionales explotar el sector energético, además de los mecanismos con los que el país espera garantizar el manejo de los millonarios recursos que espera recibir.
Con la aprobación de las llamadas leyes secundarias se completará el proceso legislativo de la reforma energética, pieza clave del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la que espera impulsar una nueva época de desarrollo de un país que pese a ser la segunda economía de Latinoamérica no ha logrado tener tasas anuales de crecimiento sostenidas por encima de 3% que se traduzcan en cambios sustanciales para la población, más de 40% de la cual se mantiene en la pobreza.
Las propuestas enviadas por Peña Nieto sufrieron algunas modificaciones, aunque ninguna representa un cambio en el sentido de la reforma que significa el fin de una época que se inició en 1938 cuando se nacionalizó la industria petrolera y cualquier asunto relacionado con los hidrocarburos era visto exclusivamente por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahora será un competidor más.
Con la reforma se abre la exploración y producción de crudo a empresas particulares y se permitirá la entrada de inversión privada al sector eléctrico, que hasta ahora también era monopolio de la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También se crea un fondo del petróleo, que bajo la supervisión del banco central mexicano será el encargado de administrar y distribuir los recursos que se reciban por la explotación de los hidrocarburos.
La izquierda se ha opuesto a la reforma bajo el argumento de que se privatizará un sector vital para la economía del país y ha prometido promover una consulta popular en 2015 para intentar revertir las modificaciones.
Aunque analistas y firmas internacionales han visto con buenos ojos la reforma, ahora el reto es llevarla a la realidad, lo cual no ocurrirá en el corto plazo.
'De todas las reformas que se han hecho hasta ahora, sin duda ésta es la más importante, que tiene el potencial de transformar a México', dijo a The Associated Press Carlos Capistrani, economista en jefe para México de la firma Bank of America Merrill Lynch.
Pero ahora, dijo, es necesario que se conozcan las condiciones de cada contrato para explorar y explotar los hidrocarburos. El gobierno ha dicho que no antes del primer semestre de 2015 se podrían lanzar las primeras licitaciones públicas a empresas privadas nacionales y extranjeras.
Las primeras licitaciones de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos para empresas privadas no ocurrirán antes del primer semestre de 2015, según estimaciones del propio gobierno, que ve en la reforma el salvavidas para regresar a México a tener una creciente producción de crudo.
México tuvo en 2004 su pico de producción, con 3,4 millones de barriles diarios, aunque comenzó a caer hasta mantenerse en los niveles actuales de 2,5 millones de barriles diarios.
Con la reforma el gobierno espera que la producción crezca a tres millones de barriles diarios en 2018 y a 3,5 millones en 2025.
A fines de 2013 el Congreso aprobó cambios en la constitución pero faltaban las reglas específicas para implementar la reforma, lo cual está por culminar.
Los legisladores realizaron algunos ajustes y, por ejemplo, eliminaron cualquier referencia a 'expropiaciones' de tierras y en su lugar dejaron sólo el concepto de 'ocupación temporal', con lo cual se obliga a quien reciba un permiso o contrato a pagar una renta al campesino o dueño del terreno por el tiempo que trabaje en él.
Además, se determinó que cuando sean proyectos de gas, el propietario de un terreno recibirá no menos de 0,5% ni más de 3% de los ingresos, mientras que para cualquier otro hidrocarburo, como crudo, no será mayor a 2%.
La 'ocupación temporal' aplicará cuando los dueños de las tierras no lleguen a un acuerdo con las empresas.
También acordaron que el gobierno adquiera parte del pasivo laboral de Pemex y CFE, es decir de los requerimientos para pagos de jubilaciones y pensiones y que se estiman en unos 151.000 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 10% del producto interno bruto. Con eso, se argumentó, las empresas tendrán mayor margen de maniobra para competir con firmas internacionales al poder dedicar más recursos a invertir y no a pagar sus deudas internas.
Una vez aprobada la totalidad de la reforma, el presidente deberá promulgar las leyes para que entren en vigor.
