Un grupo de 115 líderes gremiales, economistas y exfuncionarios remitió este 3 de diciembre una carta a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo, en Bogotá, para solicitar que el incremento del salario mínimo para 2026 se defina con criterios técnicos y cuidando los impactos en empleo, informalidad y finanzas públicas.
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En el documento, los firmantes señalan que el salario mínimo es una herramienta clave para garantizar la dignidad de los trabajadores formales y aportar a la protección social, pero advierten que su ajuste debe responder a la realidad económica del país.
La comunicación insiste en que la concertación entre trabajadores, empresarios y Gobierno debe conducir a un acuerdo que refleje variables como la inflación y la productividad laboral. De lo contrario —advierten— podrían generarse efectos adversos en el mercado laboral.
“Aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios, afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”, señala la carta.
Los firmantes señalan que el salario mínimo no es la herramienta más eficaz para corregir desigualdades, especialmente en un país donde el 55% de los ocupados es informal y, en zonas rurales, esa cifra llega al 80% .
Advierten también que incrementos excesivos tienen efectos directos sobre las finanzas del Estado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 proyectó un aumento del 7,1% y, según cálculos de Anif citados en la carta, cada punto adicional costaría cerca de 240.000 millones en pensiones y 600.000 millones en gasto no financiado.
Según los expertos, en economías modernas es habitual que los salarios se actualicen para compensar la inflación y reflejar los avances en productividad. Esto permite preservar el ingreso de los trabajadores sin desbordar los costos para empresas y Estado.
El grupo recuerda que, cuando el salario mínimo se ajusta por encima de estas variables, se incrementa el riesgo de pérdida de empleo formal, crecimiento de la informalidad y presiones inflacionarias.
Los 115 firmantes concluyen con un llamado a que las deliberaciones sobre el salario mínimo conduzcan a un pacto técnico y sostenible, que beneficie tanto a trabajadores con empleo formal como a quienes hoy están desempleados o en la informalidad.
Finalmente, los líderes sostienen que solo un acuerdo responsable permitirá proteger el ingreso laboral, impulsar la competitividad y apoyar el crecimiento económico del país.
