A las voces de rechazo del fallo de un juez de Santa Marta que pidió la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación del pozo de gas natural Uchuva 2 se sumó la Procuraduría General de la Nación quien pidió la nulidad de la decisión.
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Para el delegado de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, esta acción judicial, que se suma a la situación con el pozo Komodo-1 “se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, en cuanto al suministro de gas”.
Guerrero considera “sumamente preocupante” el fallo “en tiempos donde vamos a necesitar todo el gas disponible para las térmicas, para los automóviles y, especialmente, para el suministro de gas domiciliario en los hogares”.
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Por estas razones, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Segunda Instancia decretar la nulidad, ordenando la vinculación de las entidades que deben ser llamadas a intervenir dentro de esta acción, como son la AUNAP, el INVEMAR, la DIMAR, las Capitanías de Puerto de Riohacha y Magdalena, para que comparezcan y contesten la demanda del gobernador indígena de la comunidad de Taganga.
Fue esa comunidad la que demandó las actividades del pozo ubicado en áreas de influencia de la ciudad de Santa Marta por, argumenta, no llevar a cabo una consulta previa con los indígenas que consideran sagrado el sitio en que se desarrollan las actividades de exploración y explotación de gas natural.
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La Procuraduría también solicita que se le ordene a la ANLA que a través del “seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en especial, el cabildo indígena Taganga”.
El Gobierno también en desacuerdo
Tras conocerse el fallo el Ministerio de Minas y Energía el 18 de septiembre decidió impugnar la decisión del juez reconociendo que la consulta previa es el derecho fundamental de los grupos étnicos a decidir sobre medidas, proyectos, obras o actividades que se realicen dentro de sus territorios.
De acuerdo con la cartera de Minas, “este paso busca garantizar que las decisiones se tomen con una base técnica robusta y una consideración equitativa de los derechos de los involucrados, incluidos los de las comunidades afectadas”.
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Esa misma línea la siguió el Ministerio del Interior quien también decidió presentar el recurso jurídico para reversar la suspensión sobre Uchuva 2. Ecopetrol, con participación en el pozo, también hizo lo propio.
“Ecopetrol es respetuoso de todas las comunidades que puedan ser impactadas por los proyectos que implementamos. Manifestamos el acatamiento de las órdenes judiciales. Junto con Petrobras, hemos analizado las acciones para evaluar el impacto del cese de operaciones en este proyecto”, afirmó Ricardo Roa, presidente de la estatal petrolera el pasado 19 de septiembre.
Ecopetrol le cambiará el nombre a Uchuva y Tayrona
Por orden de un juez de Santa Marta, Ecopetrol solicitó a la Asociación Nacional de Hidrocarburos cambiar el nombre de los proyectos costa afuera Uchuva y Tayrona. Ya se iniciaron todas las gestiones necesarias para el cambio de las denominaciones.
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“Se ha acordado, con Petrobras, solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el uso del nombre Sirius para hacer referencia al proyecto (antes Uchuva) y de Gua-Off-0 para el activo Tayrona”, indicó Ecopetrol.
