Los ex ministros de Energía Tomás González Estrada y Amilkar Acosta, y el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur en diálogo con El HERALDO coinciden en que una de tres medidas que debe tomar el presidente Gustavo Petro para evitar una crisis en cadena del sector energético, es que las comercializadoras de energía tengan liquidez y que se garanticen que recuperarán saldos pendientes.
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Tomás González dijo que es 'imperativo actuar rápido ante una crisis de liquidez o plata disponible para las obligaciones de las comercializadoras'.
El ex ministro del Gobierno presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) y donde se tomó la decisión de intervenir la empresa comercializadora de energía Electricaribe, dijo que por estas decisiones se sacrificaron 11 billones de pesos a través del Plan Nacional de Desarrollo y consideró que en la Costa Caribe con las actuales comercializadoras se disminuyó el recaudo y aún se tienen pérdidas.
'Es una ventana de oportunidad que hay para evitar que colapse las empresas del sector que están en peligro de hacerlo. Estamos en un punto crítico y lo que tenemos el Gobierno es que permite obtener liquidez y financiación. Plata disponible', dijo González.
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'Lo más urgente es solventar la difícil situación financiera que afrontan las empresas, que puede llevarlas a un ‘default’ (no pagar) y la propuesta del Presidente Petro para conjurarlo con un crédito de Findeter es la salida apropiada', agregó Amilkar Acosta.
José Camilo Manzur, presidente de La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, precisó que la cuenta pendiente es de 5 billones de pesos del Estado por la opción tarifaria a las comercializadoras e incluye saldos por subsidios, por deuda de usuarios, y de instituciones oficiales algunos protegidos constitucionalmente.
'Cuando tienes un saldo de opción tarifaria de esa magnitud, la situación se te complica. Hemos planteado diferentes alternativas de alivio, pero hay otras que deben ser estructurales, que permitan avanzar. Hemos visto en las últimas semanas una por parte del gobierno, el giro de subsidio, aún faltan por apropiar con este año cerca de 1,2 billones de pesos y por supuesto faltaría el del 2024 que está a consideración del Congreso de la República', dijo Manzur.
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En la adición presupuestal de 2023 se apropió $1 billón como cupo de crédito con tasa compensada para las comercializadoras y el saldo de la deuda contraída por sus usuarios por cuenta de la opción tarifaria es de $5,15 billones, aclaró Amilkar Acosta.
'Por lo tanto se requiere que en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2024 se incluya el valor restante del crédito requerido por las comercializadoras'.
Asocodis estima $7 billones en el saldo de recursos que debe recuperar las comercializadoras del país y los distribuye así: 5 billones de pesos en opción tarifaria; $1 billón deuda usuarios oficiales; $500 mil millones por subsidios y el resto por deuda mecanismos de alivio en pandemia.
De los $5 billones de opción tarifaria, José Camilo Manzur precisa que $1 billón correspondería a subsidios; más $1 billón por deuda usuarios oficiales; más 500 mil millones por subsidios a septiembre que sumarían $2,5 billones. 'Y esos $2,5 billones de los $7 billones en total es cerca del 35% corresponde a recursos del Estado'.
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Tomás González explicó que parte de la crisis de liquidez de las empresas provienen de las medidas adoptadas en 2020 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la que a través de la opción tarifaria tenían la opción de recuperar los saldos pendientes.
'Se le hicieron rebajas de tarifas en el pasado sobre todo en la pandemia y esas rebajas pues se tenían que recuperar en un tiempo determinado. Con las medidas que se han tomado esa posibilidad han llevado a que sea muchísimo más lenta la recuperación y eso es parte de la crisis'.
Germán Corredor, ex presidente de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER, pidió que a través de la regulación también el Gobierno pueda tomar decisiones. Una de las cuales, propuso Corredor, es a través de la Creg que se flexibilicen plazos de pagos a las comercializadores y en la compra de energía.
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'No veo un apagón posible financiero, porque no es todo el sector el que está en riesgo, pero sí empresas de la región Caribe por la deuda alta. Y sí se necesita una gestión rápida del Gobierno'.
Sobre la intervención vía medidas de regulación con la Creg, Amilkar Acosta precisó que por ser una medida que toca con la formación del precio y fijación de la tarifa, que tiene que consultar con dos principios fundamentales consagrados en la Ley de Servicios Públicos 142 y la de Ley 143 de 1994, como son la suficiencia financiera y los costos eficientes de las empresas, no se deben tomar medidas a la ligera que los pongan en riesgo.
'Siendo que lo que más está presionando los precios de la energía en Bolsa es el atraso y la cancelación de la ejecución de los proyectos, tanto de generación como de transmisión, que tienen al sistema interconectado nacional (SIN) en el más alto grado de estrés, debería implementarse un plan de choque para acelerarlos'.
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Mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional al ritmo del 6 % y en el Caribe al 11 %, la oferta solo aumenta al 2,5 %. 'Ello explica la estrechez en la que estamos, en donde la demanda en días ordinarios está alrededor de 222 GWH/ día, la oferta, a duras penas está en 225GWH/día', agregó Acosta.
Los créditos prometidos a las comercializadoras a través de Findeter, Los proyectos nacionales de generación, que están atrasados, para generar y disponer energía, y la estabilidad de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), son dos medidas para priorizar el Gobierno nacional, subrayó Tomás González Estrada. 'Entonces la regulación puede incidir en esto. Y me gustaría mencionar, que es muy importante para salir de esta crisis y la coyuntura, es que necesitamos los proyectos de generación limpia. Son indispensable'.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que el sector energético y las comercializadoras llegaron a esta situación por las decisiones del gobierno anterior.
El dato más reciente de los saldos por opción tarifaria pendientes a septiembre de 2023 ubica a las comercializadoras en el mercado del Caribe colombiano a Afinia y Aire como las que encabezan las cuentas con 1,5 billones de pesos y 993 mil millones de pesos respectivamente.
