La reforma pensional que plantea el Gobierno nacional basada en pilares, concretamente la transferencia mínima de $500 mil al mes para los adultos mayores que no cuentan con pensión, tendrá un importante impacto fiscal para el país, de acuerdo con los análisis de los centros de estudios económicos de Anif y Fedesarrollo.
Mauricio Santa María, presidente de Anif, aseguró que la propuesta de la transferencia mínima de $500 mil va en la dirección correcta, pero no tiene en cuenta la realidad del país ya que genera una presión fiscal y tendría un costo de $21 billones anuales.
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo que se generará un aumento del pasivo pensional en 126,6 puntos porcentuales con la puesta en marcha del pilar universal en el que se incluye la mencionada transferencia y se profundizarán los desbalances fiscales en el mediano plazo.
'La propuesta anunciada hasta ahora por el Gobierno implicaría un mayor gasto en el corto plazo. Sin una fuente adicional de ingresos, se pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas', detalló Mejía.
Los expertos que participaron en el foro ‘Lupa a las Pensiones’, organizado por Fedesarrollo, Anif y la Universidad de los Andes, coincidieron en que el sistema integral de protección a la vejez podría garantizar a la población pobre una transferencia mínima igual a la línea de pobreza extrema que para 2023 es $214 mil.
Santa María indicó que el sistema pensional actual profundiza la inequidad social. 'Estamos gastando mucha plata, para una cobertura muy baja y para cubrir unos subsidios que van dirigidos a la población de mayores ingresos', dijo y explicó que en el régimen público el 20% de la población de menores ingresos recibe solo el 0.13% de los subsidios, mientras el 20% de mayores ingresos, recibe el 76.8% de los subsidios.
Añadió que en Colombia la mayoría de cotizantes no se logran pensionar y reciben devolución de saldos. Los requisitos del sistema pensional no son acordes a la realidad del mercado laboral de la mayoría de la población, y quienes terminan más afectados son las mujeres y las personas de menores ingresos.
Expuso las propuestas de Anif para una reforma pensional, para lograr un sistema equitativo y sostenible. Entre otras cosas, señaló que 'hay que incentivar el ahorro e incluir a aquellos que han estado excluidos del sistema pensional'.
Oscar Becerra Camargo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, planteó que una reforma pensional debe tener cuatro objetivos de política: cobertura, equidad, sostenibilidad y eficiencia.
Resaltó algunas inquietudes que le genera la propuesta actual del gobierno, como de dónde saldrán los recursos para la financiación del pilar solidario y qué impacto tendrá sobre los mercados de capitales.
Fondos de pensiones
Mejía aseguró que también se comprometería una de las principales fuentes de financiamiento de la deuda pública como son los recursos que administran los fondos de pensiones (AFP).
'Con los anuncios de reforma pensional, de los $24,8 billones de ingresos por cotizaciones en las AFP en 2021, las administradoras podrían llegar a perder hasta el 86 %. Esto implicaría una menor compra de TES de hasta $5,5 billones (15 % del promedio 2017-2022)', explicó el experto.
Actualmente, las AFP tienen una participación superior al 25 % (equivalente a $112,7 billones) en el financiamiento del Gobierno. Igualmente, la compra de bonos TES es el segundo rubro con mayor peso en el portafolio de inversión.
Líneas rojas
A su vez, Santa María dijo que hay dos líneas rojas que no se pueden cruzar con esta reforma y es que no se puede usar el ahorro que ya han cotizado las personas.
Además, se debe establecer un régimen de transición que respete los derechos adquiridos y recordó que la Ley 100 estableció una transición de 21 años.
