Uno de los grandes retos que implica para el Gobierno nacional sacar adelante la reforma tributaria o proyecto de Inversión Social es darle continuidad a los programas sociales con los que se ha mitigado el impacto de la pandemia en los hogares más vulnerables.
El proyecto se propone en líneas generales reducir los indicadores de pobreza monetaria, pobreza extrema y coeficiente de Gini a los niveles prepandemia e incluso más allá.
Se busca que la incidencia de la pobreza monetaria en el país se reduzca en 19% pasando del 42,5% registrado en 2020 al 34,3% en 2022 (en 2019 fue de 35,7%) y en la de pobreza extrema la reducción sería de 55% al pasar del 15,1% de 2020 al 6,7% en 2022 (en 2019 era de 9,6%).
Además, el coeficiente de Gini, indicador que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, bajaría de los 0,544 puntos a los que llegó en 2020 a 0,526 puntos de 2022, es decir similar al del 2019.
Para alcanzar este objetivo la bandera del Gobierno es extender el programa de Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 y ampliar su cobertura a 4,1 millones de hogares los cuales recibirán una transferencia monetaria de $160 mil. Actualmente este apoyo económico llega a cerca de 3 millones de familias.
La cobertura se ampliará aproximadamente en un 1 millón de hogares en condición de pobreza extrema que actualmente no reciben ningún beneficio. El costo del programa sería de $2,31 billones en el 2021 y se proyecta en que suba a unos $6,59 billones en el 2022.
