Si algo demostró la pandemia de la COVID-19 es la importancia que adquirió el sector de las telecomunicaciones en la vida de los colombianos durante el confinamiento. A pesar de ello, un buen número de la población sigue sin conectividad, siendo su anexión al sistema uno de los retos de cara al futuro.
Pero para conectar a esa Colombia distante se requiere desplegar infraestructura de telecomunicaciones que muchas veces es obstruida por barreras administrativas de las autoridades locales con impuestos al uso de suelo o uso de alumbrado público. Una práctica frecuente en la Costa Caribe y que Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), pide eliminar.
'En muchos casos los municipios quieren meter trabas para el despliegue de infraestructura o en otros casos pretenden generar comisiones costosas que terminan desincentivando el despliegue de los operadores que tienen un presupuesto de inversión asignado y se ven obligados a invertirlo en lugares que no tengan restricciones', señaló Yohai.
El directivo de origen barranquillero pidió a las autoridades entender que el despliegue de la infraestructura es 'una ventaja competitiva', no solamente para la ciudad, sino también para los ciudadanos, ya que 'se incentiva una mayor conectividad que a su vez permitirá otro tipo de ingresos porque pueden crearse más empresas y más empleo'.
Según datos de la CCIT, estas prácticas se evidencian en menor o mayor medida en todos los municipios de la Costa Caribe, destacando ciudades capitales como Riohacha, Montería o Sincelejo y poblaciones como El Banco, Turbaco, San Jacinto, Agustín Codazzi, Piojó, Santo Tomás, entre otros.
