El desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia 'es una oportunidad que debe materializarse en forma responsable' dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, a El HERALDO desde Nueva York, Estados Unidos.
La compañía estatal de Petróleo de esta manera se pronunció sobre el decreto que expidió el Ministerio de Minas y Energías el pasado martes, cuyo contenido establece los primeros pasos para los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con los que se realizará la evaluación técnica del fracturamiento hidráulico o fracking.
La reglamentación del Ministerio de Minas y Energías indica que estos proyectos serán de carácter investigativo y de naturaleza científica.
Felipe Bayón indicó que en ese sentido propusieron hacer en conjunto con la industria unos pilotos monitoreados y auditados en el Magdalena Medio. 'Hasta ahora se ha identificado un potencial en 2 de 8 cuencas de aproximadamente 10 tera pies cúbicos de gas y entre 4 y 7 billones de barriles de crudo. La realización de los pilotos está sujeta a las decisiones del Gobierno en esa materia, pero aquí lo importante no es hacerlo rápido sino hacerlo bien'.
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), por su parte, a través de su presidente Francisco Lloreda, dijo que el decreto 328 del 28 de febrero de 2020 es un paso en la dirección correcta y permite avanzar después de 10 años de discusión en el país.
'No obstante, para las empresas operadoras es importante conocer y revisar la totalidad de la regulación, la mayoría pendiente de ser expedida, para tomar decisiones de inversión', agregó la ACP.
Para el presidente de Ecopetrol el marco normativo para la técnica del fracking tendrá que mantenerse. 'De hecho si bien ya se expidió el decreto de los pilotos, aún falta otra reglamentación del Minambiente, el Ministerio de Minas y Energía, y otras entidades gubernamentales para poder arrancar con los pilotos'.
En el proceso, el papel de las comunidades es clave para continuar con las pruebas, y teniendo en cuenta las medidas cautelares entregadas por Consejo de Estado que permite los pilotos bajo unas condiciones como la licencia social, líneas de base previas, un proceso investigativo y sin fines comerciales.
Para Yessica Prieto Ramos, directora de proyectos e Investigación de Crudo Transparente, la gran pregunta tras el decreto es qué pasó con el licenciamiento social, del cual habló la comisión de expertos hace un año. 'Si bien es cierto que la ministra de Minas argumenta con el decreto que será un proceso transparente hacia las comunidades y generará información de tipo científico, no es claro cómo será la participación de ellas. Si tendrán poder de decisión sobre estos proyectos con veto o aprobación'.