El debate por el incremento del salario mínimo, que inició el 5 de diciembre, es el mismo desde hace años para esta época: las diferencias entre gremios empresariales y sindicales parecen inconciliables para llegar a un acuerdo. Hasta el momento parece claro que el aumento será inferior al 7% que tuvo este año, pues las expectativas de crecimiento para el cierre del año son bajas.
Con una inflación que se espera que cierre en el 4%, sumado al nivel bajo de desempleo y la baja productividad laboral que se espera, la propuesta de los sindicatos de trabajadores de subir entre el 10 y 12% es ambiciosa, pero está justificada en el impacto de la reforma tributaria sobre el poder adquisitivo de los hogares.
María Esperanza Cuenca, profesora del IEEC de Uninorte, señala que esta propuesta no puede ser considerada dadas las condiciones de producción nacional, donde el PIB en el tercer trimestre de 2017 solo ha crecido un 2% y la tasa de desempleo se ha mantenido en 8,6%. La profesora espera que el aumento sea inferior al 5%.
Generalmente, una propuesta elevada del incremento del salario mínimo se cuestiona por los efectos que podría traer, según los gremios, en la creación de nuevos empleos o sobre la inflación. Jorge Quintero profesor del IEEC de Uninorte, dice que el incremento del salario mínimo en una magnitud como la que proponen los sindicados no necesariamente implica que habrá un mayor desempleo.
'La evidencia al respecto no es concluyente porque, aunque se incrementan los costos para las empresas y puede desincentivar la contratación formal de trabajadores, por otro lado, se genera un estímulo a la demanda al incrementarse la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo cual puede redundar en mayor contratación por parte de las empresas', agrega Quintero.
Según el profesor, el efecto sobre la inflación sí es más claro: el costo mayor para las empresas lógicamente se traduce en incrementos de precios, además el costo de muchos servicios regulados son ajustados anualmente por inflación.
La propuesta de los gremios
Mientras los sindicados basan su propuesta en la capacidad adquisitiva de los hogares, los gremios se justifican en la productividad de la economía, que este año ha sido baja, y la meta de inflación. Según Quintero, si bien un incremento entre 4,5 y 4,7%, como lo proponen los gremios, puede hacer manejables los costos laborales para las empresas, también podría disminuir la capacidad adquisitiva de los hogares, afectando la demanda agregada y por ese lado la producción total del país. 'No hay evidencia convincente de que un bajo incremento en el salario mínimo genere más dinamismo en la economía'.
Al final, el límite del incremento en el salario mínimo lo impone la legislación, pues es necesario que el aumento cubra la inflación y además se dé un aumento residual por productividad. 'El aumento de los salarios debe ser equilibrado, donde se permita mejorar la calidad de vida de las familias y, al mismo tiempo, la estabilidad de las empresas. Sería deseable que los costos de esta negociación sean minimizados por el mutuo interés, lo cual no parece muy probable dada la coyuntura prelectoral del 2018', señala Cuenca.
Elkin Navas, profesor del IEEC de Uninorte, plantea que a pesar de que la propuesta de un incremento alto del salario mínimo busca solventar la pérdida de poder adquisitivo e incentivar la productividad laboral, esta podría desestabilizar el desempeño económico del país. Según Navas, el incremento debe ser intermedio, dado que un fuerte aumento puede generar un choque de oferta que desincentive la producción del país, debilite el mercado laboral, aumente la inflación y promueva la reasignación de recursos. Mientras que un bajo incremento podría afectar el consumo de los hogares por los bajos ingresos y motivar la movilidad de trabajadores a empleos informales.
