La negociación que realizaba el consorcio Navelena con la empresa PowerChina para realizar la cesión de la Asociación Público Privada (APP) para recuperar la navegabilidad del río Magdalena no habría logrado cerrarse exitosamente por lo que Cormagdalena tendría que tomar la determinación de declarar la caducidad del contrato.
Esta decisión se tomaría este miércoles durante la reanudación de la audiencia del proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento y de caducidad, que se realizará en Bogotá.
El Gobierno había señalado que la fecha límite para que el consorcio acreditara la negociación de la cesión del contrato era el 4 de abril de este año, sin embargo si sale la empresa china del proceso, este panorama cambiaría.
Una fuente allegada al proceso indicó que los esfuerzos realizados por Navelena para lograr la negociación no alcanzaron para que esta se concretara.
En varias ocasiones Navelena había avanzado sin éxito en otras negociaciones con varias empresas para ceder total o parcialmente la participación de la polémica firma Odebrceht, envuelta en escándalo de corrupción por entrega de sobornos internacionales. Empresas del Grupo Carso propiedad del magnate mexicano Carlos Slim y los belgas Jan de Nul, entre otros.
A finales del año pasado Navelena recibió el respaldo financiero del banco japonés Sumitomo con un préstamos por 250 millones de dólares, lo cual evitó que se declarara la caducidad del contrato, pero este tomó la decisión de retirarse luego de que estallara el escándalo internacional con el acuerdo de Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras este anuncio el contrato entró nuevamente en proceso de caducidad, desde el pasado 22 de febrero de este año, ya que el consorcio que tiene a su cargo el proyecto que implica inversiones por 2,5 billones de pesos, no había podido cumplir con el cierre financiero que es obligatorio para seguir con la etapa de construcción.
Multa por canal de acceso
Paralelamente Cormagdalena abrió un proceso sancionatorio por incumplimiento e impuso una multa de diez salarios mínimos mensuales a Navelena por cada día que no cumpliera con los niveles requeridos de profundidad en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, esta multa supera a la fecha los 850 millones de pesos.
Las restricciones que se presentan para el ingreso de embarcaciones al canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, han generado preocupación entre los empresarios locales y representantes del sector portuario al igual que las autoridades ya que, según señalan, 'está en juego la competitividad de la ciudad'.
Por esta razón la gerencia seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y el Comité Intergremial solicitaron al Gobierno nacional la declaración de la urgencia manifiesta para que se pudieran realizar los trabajos de dragado.
Lo que viene
La declaración de caducidad del contrato implica que se deberá abrir una nueva licitación para contratar la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, aseguró que los pliegos para este proceso ya están listos.
Durante el tiempo que tome el trámite de la licitación, el dragado y mantenimiento del río serán asumidos temporalmente por Cormagdalena, que apropió recursos por $40.000 mil millones para este fin.
Como consecuencia de la caducidad, el consorcio Navelena, conformado en un 87% por Odebrecht y 13% por Valorcon, quedaría inhabilitado para contratar con el Estado y se harían efectivas las pólizas de cumplimiento.
