La alemana Volkswagen admitió este miércoles oficialmente su culpabilidad en el fraude de los motores diésel trucados y aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares a Estados Unidos para cerrar definitivamente el escándalo.
Además, las autoridades estadounidenses imputaron a seis ejecutivos y empleados de Volkswagen 'por su papel en la conspiración que duró casi 10 años', afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado dado a conocer poco después de que la fiscal general, Loretta Lynch, anunciase el acuerdo con la empresa alemana.
'Los intentos de Volkswagen para esquivar los estándares de emisiones e importar vehículos falsamente certificados en el país representa una atroz violación de nuestras leyes medioambientales, protección al consumidor y financieras', declaró Lynch durante una rueda de prensa celebrada en Washington.
Según el acuerdo, Volkswagen pagará 2.800 millones de dólares como 'multa penal por la conspiración de largo plazo para vender aproximadamente 590.000 vehículos diésel en EE.UU. utilizando un ingenio para trucar las pruebas de emisiones ordenadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)' y las autoridades de California.
Además, la firma pagará 1.500 millones de dólares por la importación y venta en EE.UU. de vehículos trucados, así como por fraude aduanero.
El consejero delegado del Grupo VW, Matthias Müller, afirmó en un comunicado que 'Volkswagen lamenta profundamente el comportamiento que dio lugar a la crisis del diésel. Seguiremos avanzando cambios a nuestra forma de pensar y trabajar'.
'Los acuerdos que hemos alcanzado con el Gobierno estadounidense reflejan nuestra determinación para responder a la mala conducta que contradijo todos los valores que Volkswagen mantiene. Son un importante paso hacia delante para nuestra compañía y para todos nuestros empleados', añadió Müller.
El comunicado de VW no hizo ninguna referencia a los seis ejecutivos y empleados que las autoridades judiciales han imputado.
Implicados
Washington identificó a los imputados como los alemanes Heinz-Jakob Neusser, de 56 años y que fue responsable de desarrollo de motores de VW; Jens Hadler, de 50 y que también fue responsable de motores; Richard Dorenkamp, de 68 y que capitaneó el equipo que desarrollo motores diésel para EEUU; Bernd Gottweis, de 69; Oliver Schmidt, de 48, y Jürgen Peter, de 59.
Según el Departamento de Justicia, fue Hadler quien autorizó a Dorenkamp a trucar los motores diésel entre 2008 y 2015.
De todos los imputados, que las autoridades estadounidenses creen que residen en Alemania, solo Schmidt ha sido arrestado a su llegada el pasado 7 de enero a Miami en un viaje a Estados Unidos.
Schmidt, el primer detenido por ese escándalo, de 48 años y residente en Alemania, fue entre 2012 y marzo de 2015 el encargado de VW en Auburn Hills (Michigan) de comunicarse con las agencias reguladoras de EE.UU.
El Departamento de Justicia explicó que 'VW está imputada y ha acordado declararse culpable de participar en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos y los clientes estadounidenses de VW', explicó el Departamento de Justicia.
Las autoridades estadounidenses añadieron que la empresa alemana también ha sido imputada por 'obstrucción a la justicia por destruir documentos relacionados con la conspiración'.
El acuerdo por el que VW 'ha aceptado declararse culpable de todos estos delitos', será condicional durante los próximos tres años y durante al menos ese periodo la empresa estará sujeta a un sistema de control independiente de cumplimiento corporativo.
Según las autoridades estadounidenses, en 2006 los ingenieros empezaron a diseñar un nuevo motor diésel para EE.UU. y cuando los imputados se percataron que no podría cumplir las normas de emisiones de óxidos de nitrógeno, 'decidieron utilizar un software para engañar las pruebas estándar de emisiones de EE.UU.'.
Volkswagen ha admitido que sus motores diésel de 2 y 3 litros que equipan a unos 590.000 vehículos en EE.UU., estaban trucados para ocultar sus emisiones reales de óxido de nitrógeno, un producto considerado cancerígeno por las autoridades sanitarias.
