Los contratos que por más de 5.200 millones de pesos ha suscrito con el Estado la empresa Connecta, propiedad de Ángela Baena, esposa del ministro de Minas y Energía, Tomás González, han despertado críticas en diferentes sectores.
Cuando Connecta inició operaciones en Bogotá, en 2009, contaba con 30 colaboradores, y en dos años ya se había posicionado en el mercado local. Para 2012, y según datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública, la firma tuvo su primer gran contrato con la Alta Consejería para las Comunicaciones, por un monto superior a $668 millones. Desde ese momento vinieron otras dos vinculaciones contractuales con el Estado, la más reciente de estas, hecha el año pasado, es la que generó el debate sobre el papel que en este caso juega el hecho de que González sea ministro del gobierno Santos.
González tomó posesión como titular de la cartera de Minas, el 11 de agosto de 2014, momento en el que Connecta ya había acordado tres vinculaciones con entidades gubernamentales.
Sobre este tema, el ministro aseguró a medios nacionales que la compañía efectivamente ha tenido contratos por más $5.200 millones, pero rechazó que estos hayan sido adjudicados por su injerencia en el Gobierno, y dijo que no se incurrió en una conducta fuera de lo legal.
'No he tenido nada que ver en los procesos de asignación de los contratos', dijo González en entrevista con la FM radio, al tiempo que descartó que la empresa –dedicada al sector de la publicidad, posicionamiento de marca y medición– hubiera sido favorecida por su participación como ministro en el actual Gobierno.
Para el experto en contratación pública David Llinás, no se tendría por qué pensar en alguna falta. 'Jurídicamente Baena está habilitada para contratar con el Estado siempre y cuando no exista un acuerdo directo con el Ministerio de Minas'. Con apoyo de La República
