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Luego de 63 días de haber sido capturados y tras la realización de siete sesiones de audiencias concentradas, finalizó esta tarde del lunes 25 de noviembre la fase de control de garantías del proceso que le siguen a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés por la masacre de Chimá, en el departamento de Córdoba.

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Entre las 9:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde de este lunes la audiencia se centró en la sustentación de la apelación que los abogados de los procesados, los penalistas Lesmer Quintero Argel y Luis Antonio González, le hicieron a la medida de aseguramiento intramural que la jueza Promiscuo Municipal de Chimá les impuso desde el pasado 15 de noviembre.

Los juristas le solicitaron al juez de conocimiento o de segunda instancia que revoque la decisión y ordene la libertad inmediata de los señalados asesinos del empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González, Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.

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Cortesía familiarEsteban Rafael Urueta González, Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado..

En criterio del abogado Lesmer Quintero, el juez de alzada debe “revocar la medida de aseguramiento y ordenar la libertad de los imputados porque no hay inferencia razonable de autoría y participación en los hechos”, al tiempo que cuestionó que la jueza Promiscuo de Chimá no hubiese valorado las pruebas que la bancada de la defensa presentó en el proceso.

Consideró que hubo un desconocimiento abrupto de pruebas por parte de la jueza y eso, en criterio del abogado Lesmer Quintero, raya en las vías de hecho.

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Llamó la atención del juez de conocimiento para que corrija los errores en los que incurrió la primera instancia al restarle importancia a los abusos e intimidaciones en contra de los procesados.

Por su parte, el abogado Luis Antonio González le pidió al juez de segunda instancia que “anule la decisión por falta de motivación. No hubo argumentación jurídica”.

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A su turno el representante de la Fiscalía, el del Ministerio Público y los dos abogados que representan a las familias de los asesinados, le pidieron al juez del circuito que mantenga en firme la decisión de enviar a una cárcel, bajo custodia del Inpec, a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes a propósito permanecen en una cárcel transitoria en la ciudad de Montería, es decir, en el mismo sitio en el que han estado desde el 17 de octubre cuando los capturaron en la ciudad de Cartagena.