Luego de dos meses y cinco días de que el ganadero y empresario Esteban Urueta González y sus empleados de fincas Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado fueran asesinados en el municipio de Chimá, Córdoba, sus presuntos autores fueron enviados a prisión.
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La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario cobija a los ciudadanos Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes por orden de la Juez Promiscuo Municipal de Chimá, con funciones de control de garantías, deben ser remitidos a la cárcel Las Mercedes, de Montería.
Sin embargo, los defensores de estos, los reconocidos penalistas Lesmer Quintero Argel y Antonio González, además de apelar la decisión le solicitaron a la juez de garantías, que para preservar el derecho a la vida de sus prohijados no los envíe a esa prisión y sugirieron que sean trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Valledupar.
Alegaron los defensores de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, que estos en la cárcel Las Mercedes, de Montería, corren peligro porque existen informaciones de que cuando lleguen a estas serán objeto de represalias por lo ocurrido.
Ante este pedido reiterado de los abogados la juez Irma Padilla Herrera accedió indicando que en el escrito que le enviará al Inpec le indicará que valore, por seguridad, el envío de estos a un penal diferente al de Montería.
También accedió la juez al pedido de los defensores de Petro Almanza y Soto Garcés de fijar el día lunes 25 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana como la fecha para que ellos sustenten el recurso de apelación instaurado a la decisión de la medida de aseguramiento intramural que les fue impuesta en la mañana de este viernes 15 de noviembre.
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Consideraciones de la medida
La Juez Promiscuo Municipal de Chimá se mostró de acuerdo con la sustentación que hizo el fiscal Seccional de la Unidad Vida de Montería para solicitar el envío a prisión indicando que esta es la única medida que se ajusta a los hechos materia de investigación y que tienen que ver con la muerte del ganadero y empresario sincelejano Esteban Urueta González y sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado en predios rurales del corregimiento Carolina, jurisdicción del municipio de Chimá.
Dijo la juez que la medida es necesaria y proporcional porque los delitos endilgados, que son homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con ocultamiento de material probatorio y tráfico de armas de fuego, comportan altas penas privativas de la libertad.
Se refirió además la togada a la crueldad con la que fueron asesinados los ciudadanos, dos de ellos tomados a mansalva, además que respaldó a la Fiscalía en el tema de la utilización de elementos de la entrevista que como indiciado rindió Cristian Petro sobre cómo ocurrieron los hechos el martes 10 de septiembre sin que estos hicieran parte de un preacuerdo del que aún está abierta la posibilidad.
Los hechos
Como se recuerda, Esteban Urueta González desde el 8 de septiembre le había hecho saber a su socio y amigo Cristian Petro Almanza que el 10 iba a ir a ver las reses que tenían a medias y este, según el dicho de la Fiscalía, lo esperó a él y a sus otros dos trabajadores con “una coartada criminal” que le costaron sus vidas.
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Advierte la Fiscalía que no solo se conformaron con asesinarlos (a palo y balazos) sino que los incineraron y enterraron en una fosa que ya previamente había sido elaborada en una finca de Carolina donde Cristian decía que estaban las 700 reses, pero que en la práctica no había nada.
Esa pérdida de las 700 reses habría sido el detonante de la masacre, pero cierto es que Cristian nunca pensó que su jefe y amigo iría a realizar las cuentas en compañía de Beleño y Marzola que fueron los primeros en ser asesinados.
