Por segunda vez el Juzgado Primero Penal Municipal de Chimá, Córdoba, con funciones de control de garantías, aplazó la audiencia de imputación de cargos a los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.
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La diligencia virtual, prevista para las 10:00 de la mañana de este martes 8 de octubre sí fue instalada por el togado, pero debió reprogramarla para el jueves 17 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana porque los implicados en el caso judicial, que es la masacre de Chimá, no contaban con la asistencia de su abogado Lesmer Quintero Argel, debido a que este presenta quebrantos de salud que lo mantienen incapacitado.
Para acreditar tal situación el reconocido abogado penalista envió al despacho la incapacidad.
Además el juzgado le dio la opción a los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés de informar si decidían continuar con los servicios de este abogado o si tenían otro, con la finalidad de que no se sigan extendiendo en el tiempo las audiencias concentradas, pero ellos expresaron su intención de continuar siendo representados judicialmente por Quintero Argel. Así las cosas el juez reprogramó la audiencia y anunció que le solicitará al Sistema Nacional de la Defensoría Pública la designación de un profesional del derecho que, en la eventualidad de que el defensor de confianza no los pueda asistir, este lo haga.
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En desarrollo de la audiencia que demoró una hora y 10 minutos el juez le reconoció personería jurídica al abogado Erick Calderón Jaraba, quien representará a la madre del asesinado ganadero y empresario sureño Esteban Urueta González.
Mientras que la abogada Sulay Rico continúa con la representación de la esposa de Esteban Urueta y de los hijos y hermanos de las otras víctimas que son Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola.
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