La carrera contrarreloj que libra el proceso penal por la desaparición y muerte de Jairo Zapa Pérez, a punto de prescribir por demoras en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sigue dando de qué hablar.
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Este miércoles 24 de abril se conoció de una denuncia que la familia de Jairo Zapa Pérez, director de regalías de la Gobernación de Córdoba asesinado en marzo de 2014, instauró en el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.
En el escrito dirigido a la funcionaria Isamary Marrugo Díaz la familia de la víctima relata lo que ellos denominan dilaciones injustificadas en el proceso judicial que ahora está en riesgo de prescripción de la acción penal.
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Y al sentir amenazados sus derechos a la justicia y a la verdad, y también como ciudadanos, le solicitan a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ordene al Tribunal Superior de Justicia de Montería adoptar de manera urgente una decisión antes del 29 de abril de 2024, con el fin de impedir la posible prescripción del caso y garantizar su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.
'Nos permitimos denunciar las múltiples dilaciones injustificadas, algunas de ellas superiores a un año, que han caracterizado los fallos del proceso judicial en cuestión, a lo largo de casi una década de tramitación en el Tribunal de Montería', empieza la misiva.
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Y continúan con la enumeración de las dilaciones que denuncias: 'Desde noviembre de 2023 nos encontramos a la espera de una decisión por parte del conjuez Rafael Calixto Medivil, de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería, quien debía resolver con eficacia, dadas las condiciones del caso, dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Jesús Henao Sarmiento, condenado a más de 40 años de prisión por la desaparición y posterior muerte de nuestro familiar Jairo Alberto Zapa Pérez'.
A su vez la familia expresa su 'profunda preocupación frente a la inminente posibilidad de prescripción de la acción penal por el delito de desaparición forzada agravada, adelantada en la ciudad de Montería'.
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Además, hacen saber que en 'caso de que el conjuez en mención no emita una decisión antes del próximo 29 de abril de 2024 existiría el riesgo de configurarse dicha prescripción. Esto sería un registro muy desfavorable para la transparencia de la administración de justicia colombiana'.
Así las cosas, aseguran que la prescripción 'representaría la impunidad de un delito de lesa humanidad; y, además, revelaría la posible influencia de intereses particulares por encima de una justicia transparente, imparcial y equitativa, pues no hay razones que justifiquen una justicia tan defectuosa en los procedimientos y tiempos de fallos en el caso Zapa Pérez'.
