Organizaciones del sur de Córdoba coincidieron con las declaraciones del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre las presiones ejercidas por grupos al margen de la ley a la población civil, en el marco de la pandemia por el coronavirus.
Según lo reportado por las organizaciones no gubernamentales, los incidentes con los grupos armados se habrían registrado en las zonas apartadas del sur, y en la subregión costanera de Córdoba.
Voceros de la Fundación Cordoberxia explicaron que uno de los hechos palpables ocurrió en el corregimiento El Tomate, en Canalete, donde supuestamente la banda criminal ‘Clan del Golfo’ le cobraba peajes a algunos ciudadanos por permitirles salir a hacer sus vueltas en el centro del municipio.
Se supo que en casos relacionados al cobro de los subsidios de familias en acción y otras ayudas humanitarias, los pobladores debían pagar entre $10 mil y $20 mil pesos por la llamada ‘cuota de seguridad’, establecida por los alzados en armas. La fundación defensora de derechos humanos también sostuvo que entre los meses de marzo y mayo los hombres del ‘Clan del Golfo’ instalaron retenes en poblaciones apartadas del sur de Córdoba
En esos puntos también se denunciaron presiones hacia grupos sociales liderados por las poblaciones indígenas y afro. Los incidentes, ocurridos en el marco de la pandemia por el coronavirus, lograron ser denunciados ante el Parlamento Europeo y la Comisión de la Verdad del Senado de la República.
Hasta el momento las autoridades en Córdoba no se han pronunciado sobre la situación, pero aseguraron que los reportes evidenciados a través de Human Rights Watch son motivo de investigación en el marco de operaciones conjuntas que se realizan entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía.
Vivanco Inostroza asegura que, además de Córdoba, este tipo de incidentes con los grupos al margen de la ley se registran en otros departamentos como Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo, Arauca, Bolívar, Chocó y Huila.
