Ante los reiterados roces que se vienen registrando entre los campesinos del sur de Córdoba y las tropas de la Séptima División del Ejército; la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, solicitó que en esta zona del país las labores de erradicación forzada se realicen bajo un acompañamiento humanitario que evite nuevos enfrentamientos.
Las disputas se han centrado especialmente en la zona rural del municipio de San José de Uré, en la subregión del Alto San Jorge, donde un militar de la Fuerza de Tarea Aquiles accionó su arma de dotación en medio de una discusión con alrededor de 400 jornaleros adscritos al programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, quienes se oponían al procedimiento de erradicación forzada.
El incidente entre campesinos y militares se registró el pasado domingo, en la vereda Altos del Cristal, del municipio antes mencionado.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario, mientras que la fuerza pública argumentó que se trató de una reacción defensiva por parte del uniformado, quien supuestamente se sintió intimidado por algunos campesinos que aparentemente portaban palos y machetes en medio de lo que habría sido una asonada.
'Si va a ser para enfrentamientos, que detengan la erradicación forzada': Gobernadora
La gobernadora Sandra Patricia Devia manifestó que 'cada vez que inicia el tema de erradicación forzada se presentan este tipo de situaciones. Yo he pedido que se haga el acompañamiento humanitario respectivo en las comunidades para que no haya más confrontación entre campesinos y militares'.
Devia Ruiz aseguró que en caso de que se sigan registrando los impasses entre la fuerza pública y los campesinos, sería necesario detener por un tiempo el programa de erradicación forzada.
'En la medida que haya alguna nueva situación de confrontación, yo preferiría que el proceso de erradicación forzada se tomara un tiempo y esperara', agregó.
En el sur del departamento de Córdoba hay más de 5 mil familias que se acogieron al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, por lo que esperan que el Gobierno cumpla con los cuerdos establecidos en el marco de la firma de La Habana.
Con relación a las versiones encontradas que entregaron los campesinos y el Ejército, la Gobernadora manifestó que 'el ejército sacó un comunicado, los campesinos sacaron otro por su parte, cada uno con su propia versión de la situación. Yo espero que pronto se esclarezcan los hechos'.
La mandataria continuó diciendo que 'entiendo que no fue como tal un enfrentamiento armado, se trató de una situación en la que un soldado se sintió amenazado y disparó, pero no contra la población, sino con lo que de acuerdo a lo que informa el Ejército; fueron disparos por el amedrentamiento que sintió el militar desde su perspectiva interior y personal. Es una cosa que no podemos nosotros en este momento juzgar ni evaluar hasta tanto no se esclarezcan por parte de la Fiscalía'.
A pesar de la inconformidad de los miembros del Pnis ante las labores de erradicación de hoja de coca, la Gobernadora de Córdoba aseguró que el programa de erradicación forzada va a continuar porque esa es una directriz emanada desde la Presidencia de la República.
'La erradicación forzada es un programa que adelanta el Gobierno Nacional y en las regiones nosotros los gobernadores no tenemos ninguna competencia para solicitar que se detenga o que se adelante. Sin embargo, insisto, ya yo he pedido que se haga el acompañamiento humanitario respectivo para que no haya más confrontación', puntualizó la Gobernadora.
