Alrededor de 13 familias, miembros de comunidades indígenas y campesinas de la zona rural del municipio de San José de Uré, al sur de Córdoba, denunciaron en las últimas horas que fueron obligados a desplazarse de sus territorios tras ser amenazados por hombres fuertemente armados que los estarían obligando a participar de la jornada de paro nacional que se realizará el próximo 21 de noviembre.
La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, confirmó el desplazamiento de las familias que llegaron en busca de refugio al casco urbano de San José de Uré, donde han comenzado a recibir atención por parte de los organismos del Estado.
El hecho se habría registrado en la mañana de este martes 12 de noviembre, luego de que un grupo de más de 10 hombres que portaban armas de largo alcance y brazaletes distintivos de la guerrilla de las Farc hicieran presencia en el territorio habitado por la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles, del municipio de San José de Uré, en la subregión del Alto San Jorge, al sur del departamento de Córdoba.
'En estos momentos tenemos confirmado el desplazamiento de 13 familias y cerca de 60 personas, estamos haciendo el censo para establecer la cifra total de familias desplazadas y además estamos haciendo las investigaciones pertinentes; todo indica que se trata de una presión del residual de las Farc', indicó la mandataria al ser consultada al respecto.
Con base en las denuncias hechas ante las autoridades, los sujetos portaban brazaletes distintivos de la antigua guerrilla y confirmaron que estaban en alianza con el Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocido como ‘los Caparros’.
En la zona donde se registraron los hechos también hacen presencia los miembros de la banda criminal ‘Clan del Golfo’, quienes sostienen una puja armada en contra de sus rivales para quedarse con el control de las economías criminales en este sector del departamento de Córdoba.
La gobernadora continuó diciendo: 'Estamos por verificar esta situación, sin embargo, el argumento que dan en torno al desplazamiento es que son declarados objetivo militar por negarse a participar del próximo paro nacional programado para este 21 de noviembre'.
En las horas de la mañana de este miércoles 13 de noviembre, en el municipio de San José de Uré se realizó un Comité de Justicia Transicional en el que el Ejército, la Policía, la Unidad de Atención Para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y la Gobernación de Córdoba procuran la implementación de estrategias para brindar garantías de seguridad a las familias recientemente desplazadas.
'Todos estos hechos tienen que esclarecerse inmediatamente por parte de la fuerza pública y todos los organismos que conforman el Concejo de Justicia Transicional. De igual manera, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, del Ejército, tiene dos facciones distribuidas en el lugar de los hechos para brindar seguridad a los pobladores de la zona y esclarecer el origen de las amenazas con las que están obligando a las comunidades para desplazarse', puntualizó Devia Ruiz.
Este nuevo hecho de violencia se registra luego de que se conociera sobre las amenazas que los grupos al margen de la ley están ejerciendo sobre las comunidades indígenas del sur de Córdoba para aprovecharse de los territorios que estas comunidades han habitado ancestralmente.
En lo que va corrido de este año, nueve miembros de la comunidad indígena Embera han sido asesinados en Córdoba y alrededor de 22 gobernadores menores han sido amenazados de muerte por parte de estos mismos grupos al margen de la ley.
