A través del Decreto 1662, suscrito el pasado jueves por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Gobierno Nacional hizo efectiva la destitución e inhabilidad de 13 años, dictada por la Procuraduría el pasado 26 de junio en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en medio del expediente del Cartel de la Hemofilia.
La cartera política indica en la normativa que la carta del Ministerio Público, fechada el pasado 10 de julio y en la que daba cuenta de la decisión disciplinaria, llegó a la Presidencia el pasado 12 de julio, remitida de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.
En la misiva se solicita sancionar a Lyons en su condición de gobernador del departamento de Córdoba para la época de los hechos, toda vez que ante el fallo de primera instancia no se interpusieron recursos por parte de la defensa, además porque el exgobernador declaró su culpabilidad: 'En este estado de la diligencia y atendiendo que no se ha interpuesto recurso contra el fallo proferido en esta audiencia, el Despacho declara que el mismo queda en firme'.
La sanción fue emitida por el ente de control disciplinario debido a que el exmandatario cordobés 'recibió dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia'.
El Ministerio Público halló responsable a Lyons Muskus de haber incrementado de manera injustificada su patrimonio, al haber recibido la suma de $4 mil millones de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, en los años 2013 y 2015.