Más de 24 horas sin energía eléctrica y sin agua potable completaron ya los reclusos y guardianes de la cárcel Las Mercedes de Montería donde un rayo dejó fuera de servicio al transformador que surte de energía al penal, donde están recluidos más de 1.300 personas.
La denuncia fue realizada por guardianes del Inpec, quienes han tenido que cumplir las jornadas de vigilancia en medio de la precaria iluminación, ayudados en algunos casos con linternas y en otras circunstancias en medio de la penumbra a través de los oscurecidos pasillos de los nueve patios que conforman la cárcel de mediana seguridad.
Este penal fue construido hace más de 40 años con capacidad para albergar a 800 personas, sin embargo, en la actualidad cuenta con más de 1.300 internos. La situación de limpieza e higiene también se ha visto afectada porque el sistema de tuberías funciona con el apoyo de motobombas que no encienden por no contar con la energía eléctrica.
En un mensaje emitido a través de las redes sociales, los guardianes sostienen que la afectación se produjo durante la tormenta eléctrica que azotó a un sector de la ciudad durante este fin de semana. 'Desde este domingo 1° de septiembre la cárcel Las Mercedes no tiene energía, debido a un rayo que causó daños en el trasformador interno', señalan.
Hasta el momento las afectaciones serían irreparables con los medios que se cuentan en la ciudad, pues aparentemente las piezas que se requieren deben ser enviadas desde Barranquilla.
La cárcel cuenta con un sistema de video conferencias que permite la realización de más de 50 diligencias judiciales diarias, sin embargo, todos los procesos han tenido que ser suspendidos por el momento.
'Teniendo en cuenta el hacinamiento que presenta la cárcel, eso hace que la temperatura sea más insoportable y las diligencias de este lunes 2 de septiembre no se hayan podido realizar. De igual forma la ausencia de energía conllevan que las motobomba no funcionan así que tampoco tienen agua'
Los empleados del penal llamaron la atención de las autoridades, especialmente de la Gobernación de Córdoba y la Defensoría del Pueblo, pues la situación podría acarrear desordenes en materia de disciplina.
