Aunque las autoridades militares aseguran que están dadas las garantías para el retorno de las cerca de 800 familias desplazadas en el sur de Córdoba, los líderes campesinos sostienen que los grupos ilegales siguen teniendo el control del territorio.
El temor sigue haciendo mella en las más de 2 mil personas en condición de desplazamiento que permanecen albergadas en el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, pues aunque las autoridades insisten en que están dadas las garantías para el retorno a sus lugares de origen, los campesinos aseguran que el control del territorio lo siguen teniendo los grupos al margen de la ley, que intimidan a la población hasta por mensajes de WhatsApp.
José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, asegura que la solución al problema de desplazamiento no depende solamente de la presencia de las tropas militares, también requiere del volcamiento de la institucionalidad en las veredas amenazas donde adolecen de infraestructura educativa, hospitalaria y políticas sociales.
'Ellos creen que ya están dadas las condiciones, pero no es así, porque los grupos que están en territorio siguen teniendo el control. Esa gente solo con enviar un mensaje de WhatsApp intimida a toda la población', aseguró Ortega.
Una de las situaciones que en mayor medida atemoriza a los campesinos, es el aparente uso de minas antipersonales instaladas en los caminos por donde precisamente, tendrían que transitar las familias para el retorno a sus hogares.
'Hay partes donde los caminos están minados. Los grupos delincuenciales ponen minas por la noche y las retiran por la mañana. No son campos minados permanentes, sino que usan las minas como un cerco para evitar el paso no solamente de los campesinos, también de los grupos rivales con los que se disputan el territorio', explicó el líder campesino.
