La nueva suspensión del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por parte de la Procuraduría General de la Nación 'es un atropello a los electores cordobeses'. Así lo aseguró el abogado defensor del mandatario, Julio César Ortiz, luego de conocer la decisión del organismo de control, que interrumpió el retorno del mandatario a su despacho, previsto para este miércoles, después de 120 días de permanecer fuera del cargo.
'Desde luego que rechazamos esta suspensión, que es otro atropello al derecho público y a los derechos constitucionales de Edwin Besaile y de los electores cordobeses', precisó el jurista del gobernador.
Sostuvo el abogado Ortiz que por ahora estudiará el caso con detenimiento para utilizar todas las vías jurídicas disponibles, que permitan que Besaile retome el cargo al cual fue elegido democráticamente en octubre de 2015.
El organismo de control ahora investiga a Besaile por presuntas irregularidades en la terminación del contrato N° 735 de Ciencia y Tecnología, celebrado en el 2013 entre el ente territorial y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica (George Dahl).
Esta nueva sanción es por otros tres meses, de acuerdo con lo que se alcanza a leer en un comunicado expedido por la Procuraduría, quien advierte 'posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución del proyecto con cargo a recursos de regalías'.
'El órgano de control ordenó la suspensión del funcionario para evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria en relación con la ejecución de recursos públicos, así como la interferencia en la investigación por presuntas irregularidades en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl)', sostiene el organismo de control.
Agrega la Procuraduría que se investiga 'posibles actos de corrupción en que pudo incurrir el investigado conforme a los señalamientos hechos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que habrían tenido los recursos públicos del proyecto'.
El proyecto que ahora tiene en líos a Besaile y que fue precisamente suspendido por él, tenía como objeto la investigación de recursos hidrológicos del Caribe Colombiano, por 15 mil millones de pesos. Para ese entonces, la administración mediante resolución 001 del 20 de diciembre de 2017, declaró el incumplimiento de dicho convenio y ordenó hacer efectiva la cláusula penal por 2.823 millones de pesos. Igual decisión se tomó con otros dos convenios de Ciencia y Tecnología.
Para ese entonces Besaile explicó que con la determinación se evitó pagar a los contratistas $1.912 millones, solo con ese convenio y $24.400 millones de pesos en total, además de lo que se recuperaría con las aseguradoras por $13.937 millones.
En el mismo proceso – señala el organismo – también son investigados el director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simanca, quien permanece con detención domiciliaria; la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez; y el director de contratación de la Gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.
Besaile ya completa 120 días de suspensión por parte de la Procuraduría, pero por la investigación que se le abrió en su contra relacionada con su presunta vinculación a ‘cartel de la hemofilia’, tras haber, supuestamente, ordenado el desembolso de $1.500 millones de pesos a una EPS de Sahagún, para respaldar el pago de medicamentos de alto costo a 14 falsos pacientes con esa patología.
Esto habría ocurrido después que la Contraloría descubrió y reveló el defalco del erario de la salud, por cerca de 50 mil millones de pesos con esa misma estrategia de hacer recobro a favor de enfermos ‘fantasmas’.
