Después del fallo condenatorio el pasado mes de marzo de la Corte Constitucional contra Cerro Matoso, la multinacional que explota ferroníquel en Montelíbano, Córdoba, inicia este miércoles las consultas previas con las comunidades aledañas al sitio de la explotación y este jueves con las comunidades afro de esa misma zona.
Así lo indicó el vicepresidente de asuntos externos de la compañía, Luis Marulanda, tras indicar que la citación fue establecida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
'Esta es la primera reunión de consulta previa atendiendo la orden de la Corte Constitucional. Con las comunidades indígenas este miércoles nos reuniremos en la comunidad de Puente Uré y con los afros en San José de Uré', precisó el directivo de Cerro Matoso.
Marulanda anunció que los encuentros este miércoles y jueves serán respaldados por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la empresa Cerro Matoso.
La multinacional Cerro Matoso fue condenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de marzo, a pagar por el perjuicio a las comunidades del área de influencia, debido al presunto daño ambiental con la explotación del ferroníquel en el subsuelo de la zona rural de Montelíbano y San José de Uré, en el San Jorge cordobés.
Los beneficiados, con una suma general de unos 300 millones de dólares, serían 3 mil indígenas y al menos 100 miembros de la comunidad afro descendiente.
'La empresa está comprometida a dar cumplimiento estricto a todas las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y una de ellas es la realización de las consultas previas. Hemos estado trabajando en coordinación con las distintas autoridades del orden nacional, con los ministerios, para que se hiciera esta primera citación que es muy importante', precisó Marulanda.
En estos primeros encuentros – precisó el directivo de Cerro Matoso – se acordará la ruta metodológica que se va a seguir en el 2019, acorde a la decisión de la Corte.
En el fallo, la Corte Constitucional sostiene que las actividades que ha realizado la firma Cerro Matoso en esa zona han generado enfermedades respiratorias, patologías de piel y enfermedades cardiovasculares, en pobladores de las veredas y corregimientos de Torno Rojo, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Unión Matoso, Pueblo Flecha, Guacarí, la Odisea, Centro América y Puente Uré.
La decisión de la Corte Constitucional también beneficia al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.
En la misma decisión jurídica la Corte advierte que la compañía multinacional, aunque no deberá suspender la actividad de extracción de ferroníquel, sí deberá tramitar una nueva licencia ambiental, permiso que en el 2012 fue extendido hasta el 2029 por la Agencia Nacional Minera (ANM), incluso, con posibilidades de extenderse hasta 2044, dependiendo de la producción.
La acción de tutela fue interpuesta por las comunidades en diciembre de 2012, justo cuando se dio inicio a un conflicto entre la compañía y sus vecinos aborígenes, por los supuestos daños causados sin beneficios por la utilización del territorio.
De acuerdo con la decisión de los togados, la empresa deberá pagar los perjuicios a esas comunidades, a quienes tiene que reparar por medio de un fondo especial de desarrollo.
