Las Fuerzas Armadas de Colombia deberán ofrecer disculpas públicas a la familia de la niña que junto con su padre fue secuestrada el 28 de enero de 2001 en Calarcá, Quindío, y por cuyo hecho el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación, a pagar una multa de $ 500 millones en favor de las víctimas.
La ampliación de los alcances del fallo, en el sentido de las disculpas, fue entregada en Montería por el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, quien presidió esta mañana en la Universidad del Sinú la conferencia ‘Justicia Transparente’, en el auditorio Elías Bechara Zainúm.
'La sentencia debe ser difundida por las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia durante todo este año, de manera masiva, por el papel que juega en materia de pedagogía de paz y en materia de rechazo a la figura de los rehenes del secuestro. Tiene que haber también un ofrecimiento de disculpas por parte de las Fuerzas Armadas a la familia de las víctimas', precisó Bula en rueda de prensa, previo a participar en el conversatorio de Unisinú en Montería.
Explicó el presidente del Consejo de Estado que el fallo contra la Nación es una providencia de la comisión tercera con dos aclaraciones de votos, de los magistrados Jaime Rodríguez y Guillermo Sánchez, pero que fue adoptada por mayoría.
La menor de 12 años y el resto de su familia fueron secuestrados por las Farc en Quindío, hecho sobre el cual el presidente del Consejo de Estado explicó que 'habiendo sido advertido el Estado de mil maneras, sobre el riesgo que corría la familia, no tomó las medidas preventivas necesarias y por eso deriva la condena'.
'Eso es una falla en el servicio que es una línea de la jurisdicción administrativa desde hace muchos años. Lo que trae el fallo adicionalmente es un exhorto al Congreso y al Ejecutivo, en el sentido de regular de manera adecuada lo que tiene que ver con la responsabilidad de la organización Farc, en relación con las víctimas. Nos parece que eso no está regulado', precisó Bula Escobar.
Insistió en que el alto tribunal consideró que la responsabilidad en este caso es de la organización en su conjunto y no sencillamente de los ejecutores materiales de la operación calificada como una toma de rehenes civiles, que incluyó a una menor de edad, condenado por la normativa internacional del derecho internacional humanitario.
El presidente del Consejo de Estado estuvo acompañado de los magistrados de ese mismo tribunal, Sandra Berrío y Carmelo Perdomo.
