Después de investigar el desfalco de cerca de $ 100.000 millones a través de actos de corrupción en Córdoba, la Fiscalía ahora redobla esfuerzos para dar con el paradero de tres de los presuntos partícipes en actuaciones relacionadas con el llamado ‘Cartel de la hemofilia’ y con el ‘Cartel de las regalías’.
Desde el viernes anterior sendos jueces con funciones de control de garantías profirieron medida de aseguramiento en la cárcel de Montería y ordenaron –por separado– capturar a Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, padre del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, y a Sami Spath Storino, abogado, mejor amigo del exmandatario (2012–2015) y quien además fue uno de sus asesores jurídicos en el palacio de Naín.
Al padre del exgobernador la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque, según el ente acusador, se habría prestado para la compra de 15 fincas por 8 mil millones de pesos, cuyos dineros presuntamente son producto de los hechos de corrupción durante el mandato de su hijo.
Entre tanto Spath aceptó los cargos de cohecho y concierto para delinquir, luego de admitir que sirvió de enlace entre su amigo Lyons y varios empresarios y personajes de la rama judicial del país, para manejar los recursos desangrados a la salud del Departamento a través del ‘Cartel de la hemofilia’.
Hasta el momento ninguno de los dos ha podido ser ubicado por las autoridades policiales o por el CTI de la Fiscalía.
A Spath la judicatura que llevó el caso de las audiencias preliminares le negó la solicitud de cambiar de sitio de reclusión y en vez de ir a la cárcel Las Mercedes, de Montería, esperar el juicio en una guarnición militar.
'Esa es una posición tozuda, quiere ser privilegiado el señor Sami Spath', precisó el juez al resolver la apelación de la defensa del imputado.
El primer prófugo
El primer prófugo en el desenlace de la corrupción en Córdoba es el exsecretario de salud seccional, el odontólogo José Jaime Pareja Alemán, ex alcalde de San Pelayo.
El pasado 29 de enero la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Pareja, y también la del ex fiscal Daniel Díaz Torres, por haber presuntamente recibido dádivas del entonces funcionario, cuando este era investigado por su supuesta intervención en el ´cartel de la hemofilia’.
Tanto Pareja como Díaz habían quedado en libertad el 4 de octubre de 2017, luego de que una juez de garantías de Bogotá se abstuviera de dictarles medida de aseguramiento, pero seguían vinculados a la investigación.
Al exsecretario de Salud lo compromete la Fiscalía con el pago de $1.500 millones a una IPS inmersa en el ‘cartel de la hemofilia’, durante el primer trimestre de 2016.
