La Veeduría en Acción, representada en Córdoba por Darío Díaz Hernández, el mismo que destapó el escándalo por el ‘cartel de la hemofilia’, advirtió sobre el presunto incumplimiento en el cronograma de obras por el orden de los $ 28 mil millones en el municipio de Tierralta, cuya población espera que el Estado resarza los daños de más de 50 años de guerra, en el marco del posconflicto.
La lupa sobre esta localidad la ‘desempolvó’ el veedor Díaz inicialmente sobre el contrato 024 de 2017, especificado en por el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) con el objeto de la construcción, adecuación y remodelación de los centros de salud de los reasentamientos las Delicias, Campo Bello, corregimiento Callejas, Crucito y los barrios Montevideo y Nuevo Oriente.
El valor de este contrato según el Secop es de $ 7.214 millones y de acuerdo con el representante de la veeduría 'se firmó el 19 de febrero, debió haber iniciado el 8 de marzo, pero no empiezan aún las obras, en ninguno de los puestos de salud'.
De acuerdo con la información que suministró el veedor, existe un anticipo del 50 % a un consorcio, además de haberse definido el valor de la interventoría por $ 267 millones 646 mil, con un tiempo de ejecución de las obras d 9 meses, pero según Díaz, no han iniciado.
'Esta denuncia cívica la constatamos el reciente fin de semana con una visita al municipio de Tierralta y tras requerimiento de algunos habitantes. Pudimos notar que las quejas son reales en esa localidad', precisó el veedor Díaz.
Se refirió igualmente el veedor al contrato 002 de 2018, que especifica el Secop como la construcción de la cancha sintética y parque recreativo en la plaza la Bonga, del barrio Escolar, en el perímetro urbano, por valor de $ 4.163 millones.
'Esta obra debió iniciar en el mes de febrero y no ha sido así, pese a un anticipo de 50 %, tal como también ha ocurrido con el tema de los centros de salud, la comunidad de Tierralta merece una explicación', precisó el veedor Darío Díaz Hernández.
La denuncia de la veeduría incluye el retraso en la contratación de construcción y ampliación del sistema de alcantarillado en esa localidad.
De acuerdo con la denuncia, por un lado está el contrato 013 de 2016, por $ 9.358 millones, para beneficiar a los habitantes de los barrios 19 de Marzo, el Diamante, la Esmeralda, Galán y Alfonso López, en el perímetro urbano; y el contrato 010, del mismo año, por $ 7.508 millones, que de acuerdo con el delegado de la veeduría debieron ejecutarse en un plazo de 7 meses que ya se cumplieron sin que se finiquiten.
Por el primero se contrató además una interventoría por valor de $ 432 millones y por el segundo se contrató una interventoría por $ 576 millones.
'Esos proyectos se empezaron a materializar el 14 de marzo de 2017, pasaron los meses de ejecución especificados y estas obras de alcantarillado no avanzan en un 50 %, por eso esta denuncia pública que también será radicada en los entes de control, que son los que deben decir si hay o no fallas', precisó Díaz.
EL HERALDO intentó consultar al alcalde de Tierralta, Fabio Otero, para conocer su reacción sobre la denuncia referida por la veeduría, pero el mandatario no contestó su teléfono celular. Trascendió que Otero está en el exterior.
Entre tanto los habitantes de Tierralta soportan la denuncia de la veeduría con denuncias que publican en redes sociales, relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución de las obras.
Wilfrido Senior relató en su cuenta de Facebook la inundación que viven los residentes del barrio Galán, como nunca antes había acontecido, debido, según su relato a que después de instalar las redes de alcantarillado los contratistas dejaron las calles más altas y ello ocasiona que en cada aguacero el agua inunde las viviendas y dañe los enseres.
'En vez de utilizar balasto lo hicieron con tierra amarilla que cuando llueve se vuelve barro. Se le ha hecho el llamado varias veces a la secretaría de obras públicas sobre este problema', precisa el ciudadano.
La veeduría sugirió a la administración local que haga un llamado de atención a los contratistas que presentan retrasos en los cronogramas.
