El abogado Omar Cabarcas, defensor de Alejandro Lyons De La Espriella, padre del exgobernador de Córdoba en el anterior periodo, Alejandro Lyons Muskus, dijo que 'no existen los requisitos' para una medida de aseguramiento contra su cliente, a quien la fiscalía imputó el viernes anterior los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los cuales no aceptó.
'La Fiscalía no pudo demostrar realmente una inferencia razonable de participación o autoría dentro de estos hechos, por el contrario logramos demostrar que es una persona solvente, que tiene capacidad económica y tampoco existe una prueba de convicción que dé cuenta que los dineros productos de la corrupción fueron a parar a los bolsillos del padre del exgobernador', precisó el jurista.
La Fiscalía, representada en el fiscal séptimo delegado ante el Tribunal de Bogotá, Daniel Hernández, acusó al padre del ex gobernador de Córdoba de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según el ente acusador, Lyons De La Espriella sería conocedor del desfalco que encabezó su hijo en la Gobernación de Córdoba y se habría prestado para la compra de al menos 15 bienes rurales, por más de $ 8 mil millones, la mayoría de ellos en jurisdicción de Sahagún.
La investigación de la Fiscalía se deriva de las promesas de compraventa de las propiedades que habrían quedado en poder del padre del ex gobernador, sin que se finiquitaran los cambios de las escrituras. Entre esas fincas están Valle de Milán, el Papayo, el Delirio, el Paraíso, el Petróleo y la Línea.
Alegó la Fiscalía que Lyons De la Espriella además de saber sobre el desfalco que hacía su hijo al frente de la Gobernación entre 2012 y 2015, habría participado también en el movimiento de esos recursos.
Para la defensa del padre del exgobernador las mismas pruebas de la Fiscalía han servido para demostrar la inocencia de su cliente, además de la trayectoria de lo que ha sido la economía de Lyons De La Espriella. El abogado desmintió que su defendido haya comprado el número de fincas que ha mencionado la Fiscalía, por unos $ 8 mil millones.
