Después de haber sido enviado de Barranquilla a Montería, el fiscal Mario Lora Correa, sindicado de haber asesinado a dos jóvenes en la capital de Córdoba, fue asignado a un nuevo cargo en el Chocó.
El traslado fue confirmado por el director seccional del organismo acusador en Córdoba, Iván Márquez, quien precisó que Lora fue enviado a Chocó con el mismo cargo con el que había llegado desde la capital del Atlántico en noviembre: fiscal delegado ante el Gaula, para imponer justicia en temas de extorsión.
La noche del 18 de junio de 2016, Lora Correa, en supuesto estado de embriaguez, le habría disparado a quemarropa a Harold Suárez Rivas y a Camilo Andrés Rodríguez, dos amigos que departían en un establecimiento público ubicado en la calle 41 de Montería, por defender a su hijo menor de edad.
Además, el fiscal hirió en una mano al agente de la Policía que ya requisaba a los dos jóvenes, puesto que habían sido señalados de ser supuestos atracadores. Este señalamiento fue desvirtuado por la Policía Metropolitana, pues no les encontró anotaciones, antecedentes ni armas. Rodríguez falleció el 3 de julio siguiente y Suárez murió el 26 de agosto, producto de los balazos.
Horas más tarde un juez de control de garantías benefició a Lora con pena no privativa de la libertad, con la prohibición de visitar sitios de expendio de licor. El fiscal sigue vinculado al cargo, pese a que familiares de las víctimas han solicitado a la dirección nacional de la Fiscalía que el funcionario sea desvinculado de la institución.
Después de haber disparado contra los dos jóvenes Lora fue trasladado a Barranquilla como fiscal antibacrim, pero en noviembre pasado fue notificado de su retorno a Montería para investigar casos de extorsión. El director seccional de Fiscalía en Córdoba explica que la permanencia del funcionario en la institución es un tema de resorte nacional.
Denuncian intimidaciones
EL HERALDO conoció la denuncia que instauró en la Fiscalía Marta Rivas Araujo, madre de Harold Suárez Rivas, uno de los jóvenes muertos aquella noche, en nombre de su núcleo familiar, por supuestas intimidaciones que los obligó a mudarse del barrio Sucre, en Montería, donde habían residido desde hacía cerca de cuatro décadas.
'En noviembre empezamos a ver carros y motocicletas que se estacionaban frente a la casa. Llegaban a preguntar que si éramos los del caso del fiscal Lora, que si qué pensábamos hacer y eso nos obligó a mudarnos', sostuvo doña Marta en su denuncia.
Agrega en su declaración jurada que también donde residen actualmente los vecinos los han alertado de unos motorizados que pasan con frecuencia. 'Incluso, en agosto pasado irrumpieron en el domicilio y tras llevarse solo unas cosas de mi hijo fallecido, causaron daños en la vivienda, pero no denunciamos'.
La audiencia preparatoria del juicio contra el fiscal Lora se retomará el 3 y 4 de abril, en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Lorica, después de haber fracasado el 29 de noviembre de 2017, por una excusa médica del abogado defensor del imputado, el penalista monteriano Guillermo Álvarez.
Derecho de petición
Este diario presentó desde el 26 de febrero un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre el traslado, primero, del fiscal Lora de Barranquilla a Montería, pese a haber sido esta última la ciudad en que ocurrió el doble crimen por el que se le señala. No obstante, el ente de investigación penal no ha respondido aún el requerimiento. Este medio también pidió información sobre el nuevo traslado de Lora, de Montería al Chocó por los canales habituales de información de prensa de la Fiscalía, no ha sido posible obtener un reporte del caso.
