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En una segunda cita del imputado con la justicia la Fiscalía acusará a partir de las 2:30 p. m., de este miércoles a Alejandro Eugenio Lyons De La Espriella, padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la misma diligencia el ente acusador solicitará medida de aseguramiento para el indiciado, tras haber fracasado el pasado 22 de febrero la primera audiencia por excusa del abogado defensor de Lyons De La Espriella, Guillermo Álvarez Machacón, quien solicitó ante el juez del caso más tiempo para recaudar elementos materiales probatorios.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Lyons De La Espriella, además de saber del desvío de dineros públicos durante la administración que lideró su hijo (2012 – 2015), habría participado en el movimiento de esto recursos.

La investigación está enfocada igualmente sobre los predios Delirio y el Paraíso, por más de $ 4.200 millones, que habría comprado el progenitor del ex gobernador en tan solo un año.

Este caso contra el padre del ex gobernador Lyons es blindado con agencia especial de la Procuraduría, representada en el procurador 37 judicial de Montería, Mario Anaya, quien en la audiencia anterior no se mostró de acuerdo con el argumento de la defensa, toda vez que – según el representante del Ministerio Público - es justamente en la imputación donde los sujetos procesales conoce los hechos por parte de la Fiscalía.

El ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus está detenido en Estados Unidos, donde llegó como testigo de varios escándalos de corrupción en Córdoba y en el país.

Recientemente fue beneficiado con el aval de la Corte Suprema de Justicia al preacuerdo con la Fiscalía, para pagar 5 años y tres meses de prisión, luego de aceptar el ex mandatario su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, relacionado con la malversación de millonarios recursos del erario a través del ‘cartel de la hemofilia’ y el ´cartel de las Regalías’.

Por otro lado Lyons Muskus deberá pagar $ 4 mil millones a cambio de suspendérsele la acción penal por peculado y contratos sin cumplimiento de los requisitos de ley. Sin embargo, según la Fiscalía el ex mandatario cordobés deberá responder por otras nueve investigaciones.

La semana pasada la Fiscalía incautó varios inmuebles del ex mandatario avaluados en $ 18.500 millones.