La Fiscalía apeló la decisión de la juez penal del circuito de Montería, Carmen Arrieta Burgos, de rechazar o inadmitir 30 de los testigos con los que se presentará en el juicio por la desaparición forzada y homicidio del ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
La decisión de la togada se basó en la supuesta debilidad de la sustentación de testigos y evidencias que estos aportarían y que no fueron incluidos en la audiencia de acusación de abril de 2015.
La apelación del organismo acusador deberá ser resuelta por la Sala Penal de Tribunal Superior de Montería.
La mayoría de los testigos hasta el momento excluidos por la judicatura son detectives de la Fiscalía, peritos y técnicos forenses que aportarían actas, evidencias fotográficas y demás elementos inmediatos de la investigación.
Entre tanto el abogado de los padres y hermanos de Zapa, Juan Felipe Amaya, pidió a la Sala Penal del Tribunal de Montería que 'el recurso sea tramitado con celeridad'.
'Es lamentable que en este juicio la verdad se vuelva esquiva porque no se pueden mostrar las evidencias', sostuvo Amaya.
El jurista agregó que la jurisprudencia debe tener en cuenta la prueba y no la forma como la Fiscalía intentó acreditar a sus testigos.
'A este juicio se le está privando la actividad probatoria, investigativa, llamada a esclarecer los hechos, sobre la base del no cumplimiento de una formalidad', señaló el abogado de una parte de las víctimas.
Indicó que la decisión de rechazar esos testigos también interfiere en la falta de la documentación que esos testigos aportaría en la buena administración de Justicia.
'Estamos hablando que la mayoría de las pruebas que se deniegan tienen que ver con actuaciones de la Fiscalía para esclarecer unos hechos que fueron tan confusos', indicó Amaya.
La bancada de la defensa de los demás imputados pidió a la jurisprudencia que sea confirmada la decisión de inadmitir a los 30 testigos y sus evidencias, que habrían sido bien sustentadas por el ente acusador.
El ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, fue desaparecido y asesinado el 27 de marzo de 2014, desde una vivienda del barrio la Castellana en Montería.
El funcionario estrangulado por el confeso asesino Joice Hernández Muñoz, cumpliendo una orden de otras personas.
Por este caso cumpliendo también están privados de la libertad, el ex contratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento; el abogado Carlos Pérez Escobar; Zuan López Acevedo, Maximiliano García y con libertad condicional Jesús Torres Redondo.
