Un detrimento de más de $8.300 millones en la Administración de Tolú fue detectado por la Contraloría Departamental de Sucre a través de una auditoría especial que le fue realizada a la prestación del servicio de alumbrado público en las vigencias 2015-2016.
Según el ente de control, $5.793 millones de ese detrimento fueron sacados de una cuenta bancaria denominada depósitos judiciales en la que estaban los dineros que hacían parte de los títulos judiciales que se conformaron con ocasión de los embargos a las entidades deudoras del alumbrado público.
Los más de 5 mil millones, logró detectar la Contraloría, fueron a parar a manos del entonces alcalde Ariel Alvarado Montes, quien hoy tiene casa por cárcel por otros hechos, al igual que por los funcionarios de la tesorería Yasmira Hernández Hernández y Albeiro Galindo Molina, y los particulares Javier Caballero y Alfredo Amín Barrios Padilla.
Esta irregularidad que tiene connotación fiscal y penal es una de las 24 que halló la Contraloría, al igual que otras con alcance administrativo y disciplinario que serán puestas en conocimiento de manera formal a los entes correspondientes para que inicien las investigaciones correspondientes.
Otro de los reparos que la Contraloría Departamental de Sucre le hizo a la Administración Municipal de Tolú sobre el contrato de prestación del servicio de alumbrado público con la Unión Temporal Iluminaciones de Tolú, que se firmó a 20 años desde el 2005, es que al momento del inicio este no tenía disponibilidad presupuestal que respaldara totalmente las obligaciones pecuniarias que adquiriría, por lo que el ente territorial asumió compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso de saldo disponible.
Así mismo la Contraloría en Sucre conceptuó que la gestión realizada por el Municipio de Tolú en la administración para la prestación del servicio de alumbrado público es desfavorable porque no cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía.
El Municipio de Tolú tampoco cuenta con un indicador de gestión de las actividades propias del sistema de alumbrado público; no posee inventario de la infraestructura física; no hay por parte de la administración municipal un plan de políticas, ni metas para el servicio de mantenimiento del alumbrado público; no hay plan de expansión de dicho alumbrado ni a corto ni largo plazo y como si fuera poco la Administración Municipal no expedía los certificados de disponibilidad presupuestal ni los registros presupuestales para el contrato de mantenimiento.
Y desde el año 2005 cuando adoptaron el sistema de alumbrado público en Tolú no han contabilizado las transacciones, ni tiene interventoría y en el archivo del Municipio de Tolú no tienen el documento original de cesión del contrato de facturación y recaudo, lo tiene el contratista.
'Es un contrato que nació viciado a la vida jurídica por lo que hay conductas dolosas o gravemente culposas de manera precisa e individual según el grado de acción u omisión, porque desde el 2005 cuando se formuló y estructuró condicionó y amarró en parte el actuar y desempeño de las administraciones frente al contrato de concesión', dice la Contraloría en el informe final de auditoría que consta de 114 páginas.
