Empezó a despegar el ‘estancado’ caso Zapa, tras la solicitud que hizo el fiscal 48 de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Carlos Pión, de escuchar en declaración jurada al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y a Mara Bechara, copropietaria de la Universidad del Sinú, dos de casi un centenar de testigos que deberán colaborar con la investigación.
Pión es quien lidera el proceso por desaparición forzada y homicidio agravado contra el ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, ocurrido el 27 de marzo de 2014, en el barrio La Castellana, en Montería.
Lyons, testigo de la justicia en Estados Unidos por casos de corrupción en Córdoba y en el país, era el jefe inmediato de Zapa y fue quien le asignó la responsabilidad de los proyectos de ciencia y tecnología.
Por su parte, Mara Bechara, copropietaria de la Universidad del Sinú, junto con una de sus hermanas, María Fátima Bechara, están inmersas en una investigación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión, a partir de unos convenios de ciencia y tecnología superiores a 9 mil millones de pesos que habría desarrollado la institución académica con la Gobernación y que, según la Contraloría, no se habrían desarrollado en su totalidad.
Para la Fiscalía también es importante conocer la declaración de Zaima Barrera, quien para la época de los hechos era la propietaria de la vivienda de la calle 59 # 12-108 en La Castellana, donde fue llevado Zapa a un supuesto almuerzo de trabajo del cual salió sin vida. Según el ente acusador, Barrera no estaba en la casa ese día porque el ex contratista Jesús Henao Sarmiento, uno de los detenidos como presunto autor intelectual, se la había pedido prestada todo el día con la condición de que no estuviera.
Otra de las personas a quien la Fiscalía pidió escuchar es a Georgina Valdés, natural de Santa Marta, y quien fue la primera testigo en el caso, cuando reveló que sabía los pormenores del homicidio, aunque posteriormente se retractó y cambió la versión.
Pide además la Fiscalía conocer la declaración del padre de Zapa, Fausto Zapa Velázquez, y de la esposa de la víctima, María Isabel Valencia, exiliada desde finales de 2015, debido a intimidaciones en su contra.
La desaparición y homicidio de Jairo Zapa Pérez tienen asegurados al ex contratista Jesús Henao Sarmiento, Maximiliano García Bazanta, quien era compañero de trabajo de la víctima; Carlos Pérez Escobar, abogado y primo de Zapa; Joice Hernández Muñoz, confeso autor material del homicidio y su compañera sentimental Zuan López, con prisión domiciliaria en Santa Marta.
