La Alcaldía de San Pelayo le colocó fin a la inundación de las veredas el Mundo, Boca de López y Culequera, con el rompimiento de un camellón construido por un particular, propietario de 100 hectáreas, con cuya obra quiso evitar que su finca se inundara tras el rebose del caño la Caimanera y cuyas aguas se estancaban en dichas poblaciones.
La acción del ente territorial es producto del llamado que hicieron los campesinos de esas poblaciones y atendiendo además a la resolución 23603 de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) que ordenó a las 30 Alcaldías de Córdoba romper las obras de particulares que estén interrumpiendo el curso normal de los ecosistemas.
La alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero, lideró el proceso, en el que inicialmente se agotaron las instancias de ley, y, previó concepto de la autoridad ambiental CVS, que corroboró el daño de dicha obra, procedió con la Policía de ese municipio a normalizar los terrenos, sin camellones o terraplenes, para que las aguas sigan su curso normal.
Advirtió la mandataria que el respaldo de la Policía fue necesario después que el finquero, con el apoyo de otros particulares que adoptaron una actitud violenta, quisieron oponerse al rompimiento de la obra, que – según Forero – tampoco fue autorizada por la CRA, CVS.
'La comunidad nos pidió el apoyo porque estaba inundada debido al jarillón que construyó un finquero, que interrumpió el curso normal del agua. Tristemente debo decir que esa persona se opuso y contrató a algunos señores para que a través de la violencia evitaran la destrucción de la barrera que le estaba ocasionando tanto daño a la comunidad, con cultivos inundados. Este es un llamado a la comunidad para que sepa que procederemos en todos los predios donde se han realizado este tipo de obras sin los permisos debidos y sin pensar en la comunidad que los rodea', sostuvo la alcaldesa de San Pelayo.
Hace un par de semanas la corporación autónoma CVS conminó a los entes territoriales de este Departamento, para que en un término máximo de un mes tengan listo un diagnóstico de las obras antrópicas construidas en los cuerpos de agua y ecosistemas de esta región, sin ningún permiso ambiental y destruirlas con maquinaria pesada en máximo tres meses, con seguimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría Agraria, la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones sociales de los municipios.
El tema cobró importancia con la actual temporada invernal en Córdoba, a partir del rebosamiento del río Sinú y de la Ciénaga Grande de Lorica y que, en boca de expertos como la Fundación del Sinú, de la Universidad del Sinú, y de la Asociación de Productores para el Desarrollo de la Ciénaga Grande del Sinú (Asprocig), obedece a que en la región se han perdido cerca de 70 mil hectáreas de humedales por las acciones de particulares que construyen terraplenes para apoderarse de dichos ecosistemas.
