En la revelación de un informe de auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) vigencia 2016, la Contraloría General de la República descubrió que durante el primer año administrativo del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, también se ordenó, en el mes de abril, el pago de 174 millones de pesos a la IPS Funtierra, representada por la odontóloga Tania Otero Arroyo, por presuntas terapias basadas en neurodesarrollo, sin que el ente territorial verificara que éstas en realidad se realizaron en el 2015.
El organismo de control advierte en dicho informe que, 'a pesar de las denuncias presentadas en el pasado, y que involucraron a la IPS Funtierra Rehabilitación Ltda., por pagos recibidos durante 2013, 2014 y 2015, la actual Gobernación del departamento de Córdoba le giró a la misma beneficiaria más de $174 millones de pesos, sin la debida verificación de la prestación del servicio'.
Funtierra aparece ‘reseñada’ por la Contraloría en un primer escándalo que se destapó en julio del año pasado, también por el supuesto cobro de terapias de ese tipo, cuyos paquetes según los investigadores, no se hicieron por completo. En ese entonces la Contraloría calculó un descalabro en la salud de Córdoba en por lo menos 50 mil millones de pesos, que fueron consignados no solo a la citada IPS, sino a otras dos de esta misma región.
Explica la Contraloría en un comunicado que, el concepto facturado era: 'paquete integral de neuro- rehabilitación', y agrega que, consiste en la realización de una terapia física basada en neurodesarrollo, cuya financiación se ejecuta con cargo a los recursos del sistema general de participaciones, sector salud.
'La beneficiaria del pago, al igual que en el pasado, fue Funtierra Rehabilitación IPS, pudiéndose constatar que no se habían prestado la totalidad de las terapias ordenadas. La Secretaría de Salud de Córdoba autorizó el pago, sin observar los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios no POS de afiliados y beneficiarios del Régimen Subsidiado', advierte la Contraloría.
La entidad insiste en que la Secretaría de Salud de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios no POS 'y tampoco implementó los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes, especialmente si se tiene en cuenta que la Contraloría ya había evidenciado en el pasado, pagos irregulares por servicios de terapias que habían sido practicadas a los pacientes'.
Como presuntos responsables señala la Contraloría al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile; al auditor médico de la secretaría de salud, Juan David Náder (investigado también en el caso del ‘cartel de la hemofilia), toda vez que – explica el organismo de control, 'en su condición de contratista de la entidad territorial, tuvo a su cargo la verificación de las facturas y los servicios prestados, y no objetó el pago'.
También fue vinculada como presunta responsable la IPS Funtierra, representada por Tania Otero Arroyo.
La contraloría agrega a esta denuncia que en la primera etapa de la investigación, que vinculó efectivamente a Funtierra, Otero y su asesor jurídico, Eduardo Padilla Hernández, interpusieron varias quejas ante la Gerencia Departamental de la Contraloría en Córdoba, así como ante el Despacho del Contralor General de la República y la oficina de Participación Ciudadana de la entidad, derechos de petición y acciones ante instancias judiciales, sin que ninguna de ellas hubiera prosperado.
'Todas esas actuaciones buscaban obstaculizar y dilatar el proceso de responsabilidad fiscal que hoy se adelanta en la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba', señala la Contraloría.
Entre tanto el asesor jurídico de la IPS Funtierra, Eduardo Padilla Hernández, reaccionó asegurando que todo se trata 'de una persecución política de la Contraloría contra una empresa que no ha dejado de prestar sus servicios, tal como reposa en las actas'.
Solicité una cesación de la investigación porque hay una persecución que también denunciamos ante la Corte Suprema, contra la Contraloría.
Insistió Padilla en que el número de terapias que se prestaron fueron las que pagó la Secretaría de Salud y no un número mayor que habrían ordenado los jueces a la Gobernación de Córdoba a través de fallos de tutela.
'Los jueces ordenaban cierto número de terapias a la Secretaría de Salud y a la Gobernación, no a la IPS, ese es el error en el que están, y eso, lo entiende un niño pero como se trata de una persecución a la que se ha prestado la Contraloría, no lo han entendido así, pese a que lo he demostrado', precisó Padilla.
El asesor jurídico de Funtierra dijo que la entidad no ha sido notificada sobre estos nuevos hallazgos, agregó que instauró denuncia formal ante la Fiscalía contra los auditores 'porque están diciendo mentiras' y desmintió que sus denuncias no tienen como fin delatar el proceso, sino defender a la entidad para la cual trabaja 'de las mentiras de la Contraloría'.
