Luego de que hace tres semanas el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenara a la Superintendencia de Salud dejar sin valor y efecto la resolución mediante la cual se decretó la liquidación de la EPS indígena Manexka, y el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, pidiera en una misiva al Tribunal 'instrucciones precisas para poder revertir el proceso sin poner en riesgo la vida de los usuarios', las autoridades indígenas Zenú y Embera emitieron un comunicado pidiendo que el ente de control cumpla el fallo judicial.
Advierten las comunidades en el boletín que Muñoz 'ha desacatado abiertamente las ordenes de los jueces de la República, lo que ha conllevado a la muerte de hermanos zenúes y emberas por falta de atención en las EPS Occidentales a las que fueron abruptamente trasladados a partir de la ilegal toma de posesión'.
Agregan que Manexka EPS Indígena 'hoy tiene perfectamente constituida y garantizada la red de servicios pública y privada, con la cual garantizará el derecho fundamental a la salud de los cerca de 210 mil usuarios que ha protegido el fallo de tutela, como lo ha venido haciendo durante los casi 20 años que lleva atendiendo sus comunidades'.
El superintendente, por su parte, había criticado que 'Manexka entró en liquidación porque se evidenciaron graves fallas en la atención a la población y la pérdida de los recursos de la salud. Tomamos entonces la decisión de retirar a esa población en riesgo y ahora el Tribunal me dice que debo reintegrarlos. ¿Cómo lo hago sin arriesgar ni una sola vida sabiendo que los tengo que dejar nuevamente en manos de una aseguradora deficiente y disfuncional?'.
Aseguran entre tanto las autoridades indigenas que la EPS ha ofrecido todas las explicaciones del caso frente a los cuestionamientos de la Superintendencia Nacional de Salud, 'sin que los mismos hayan sido debidamente tenidos en cuenta, ni por la auditoria forense, ni por los funcionarios de la entidad'.
Por ello aseguraron sentirse 'perseguidos' por la actual administración de la Superintendencia Nacional de Salud, y esperan que sus argumentos de defensa sean escuchados de forma imparcial y objetiva, y con el acompañamiento de una mesa de autoridades del Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación.
Invitaron a las autoridades de salud, por tanto, al resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, 'para que conozcan de primera mano la infraestructura que tiene el pueblo Zenú garantizada para prestar los servicios de salud a sus afiliados'.
Finalmente, advirtieron que los pueblos indígenas Zenú y Embera no se retirarán de la ciudad de Bogotá, donde se encuentran haciendo una minga, 'hasta que la situación irregular sea resuelta, y se cumpla sin más dilaciones el fallo judicial proferido'.
