La Universidad del Sinú salió al frente tras las capturas de dos de sus directivas y copropietarias por parte de la Fiscalía el miércoles, Mara Bechara; ex rectora y María Fátima Bechara, actual rectora general, por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión, derivados del manejos en convenios financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que suman 9.575 millones de pesos.
Por medio de un comunicado que fue leído ante los medios por el secretario general de la institución, Jorge Escobar Avilés, la Unisinú sostiene que confía en que la Fiscalía General de la Nación una vez recibida la información y la documentación que se le entregará, 'actuará con acatamiento al régimen constitucional legal colombiano, reconociendo la correcta actuación de las directivas universitarias en la ejecución de los convenios de cooperación celebrados en asociación con el Departamento de Córdoba'.
De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía el primer convenio investigado fue el No. 750, cuyo objeto fue denominado ‘Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías derivadas de la caña flecha del Departamento de Córdoba’, celebrado entre la Gobernación, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia ‘George Dahl’.
El costo fue de 2.996 millones 831 mil pesos y la suma girada fue de 2.751 millones 014 mil pesos, pero - advierte la Fiscalía - un informe de fiscalización de la Contraloría General de la República, asegura que el avance financiero a diciembre de 2016 fue del 95%, mientras que el avance físico fue del 30.5%.
Entre tanto el segundo convenio que tiene detenidas a dos de las propietarias y directivas de la Universidad del Sinú es el No. 755 de 2013, denominado ‘Investigación y Desarrollo Aplicado de un Modelo Experimental para el Manejo Productivo y Sostenible de los Sistemas Agroforestales en el Departamento de Córdoba’, por un costo de 7.659 millones 860 mil pesos.
Advierte la Fiscalía que la Universidad del Sinú, en este convenio, otorgó poder a la Fundación para la Conservación y Desarrollo Forestal (CDF), a la cual le fueron girados 6.824 millones 199 mil pesos, pero, según el informe de fiscalización de la Contraloría el avance financiero del proyecto a diciembre de 2016 fue del 91% y el avance físico del 42.5%.
En el comunicado la Universidad del Sinú advierte sobre el convenio 750, relacionado con la producción de caña flecha, que este tuvo atrasos por la ocurrencia de fenómenos naturales que ocasionaron daños en el material vegetal, 'debiéndose iniciar nuevamente la reproducción de las vitroplantas'.
Agrega la institución que esos hechos fueron objeto de validación por parte del Departamento Nacional de Planeación, calificados de caso fortuito, 'una situación prevista dentro del convenio, lo que generó atraso en la realización de las actividades, ajenas a la voluntad del cooperante'.
Advierte que a partir de esa situación se hizo una solicitud de prórroga en el plazo del término de ejecución, aprobada en dos comités operativos, durante la vigencia de julio y septiembre de 2016.
El secretario general de la Universidad del Sinú, Jorge Escobar Avilés, insistió en que la siembra de las 80 hectáreas de caña flecha, en el resguardo Zenú - segunda fase del convenio - está suspendida por parte de la Gobernación y los dineros los tiene la universidad depositados en una corporación bancaria de la ciudad.
'La universidad actúa y trabaja de muy buena fe, esperamos que las explicaciones sustentadas con documentación ante la Fiscalía, produzcan la certeza requerida para demostrar la falta de responsabilidad de nuestras directivas, que hoy infortunadamente están entregando esta información', precisó el funcionario de Unisinú.
En lo que concierne al convenio 755, ‘Investigación y Desarrollo Aplicado de un Modelo Experimental para el Manejo Productivo y Sostenible de los Sistemas Agroforestales en el Departamento de Córdoba’, sostiene la Unisinú que, 'si bien la universidad participó de la formulación y celebración del convenio, no ha recibido recurso alguno para la ejecución de las actividades del convenio, como lo afirma la Contraloría'.
Ilse Bechara, hermana de las dos funcionarias y copropietarias capturadas, dijo que en estos momentos la familia está unida y se abstuvo de confirmar que sendas detenciones tengan un trasfondo político.
'Confío plenamente en las acciones de mis hermanas, la universidad tiene toda la socumengtación legalizada y la entregará a la justicia cada vez que la soliciten', precisó Ilse Bechara.
Las hermanas Mara y María Fátima Bechara fueron trasladadas a Bogotá el mismo día de la captura, para ser presentadas ante un jue de control de garantías.
