La Contraloría General de la República desempolvó el caso de las terapias a niños especiales en Córdoba, que supuestamente no se hicieron en su totalidad, pero se habrían pagado a la IPS Funtierra, que funciona en este Departamento.
En las últimas horas el organismo de control anunció, a través de su jefe Edgardo Maya Villazón, proceso de responsabilidad fiscal por $1.345 millones contra el ex gobernador de Córdoba en el anterior periodo Alejandro Lyons Muskus, pero también contra uno de sus secretarios de salud, Edwin Preciado, contra la representante legal de Funtierra Rehabilitación Limitada de Servicios Médicos, Tania Otero; y contra el auditor médico Juan Náder.
Estos dos últimos además están privados de la libertad por su presunta responsabilidad como coautores en el escándalo del 'cartel de la hemofilia' en Córdoba, a través del cual particulares se habrían quedado con 44 mil millones de pesos de recursos de la salud, después de efectuar el recobro de los tratamientos no POS de esa patología, con un listado de falsos pacientes que fueron extraídos de la base de datos del Sisbén.
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Informó la Contraloría que el propio contralor Maya, dejó en conocimiento esa decisión procesal, del fiscal general, Néstor Humberto Martínez y del Procurador General Fernando Carrillo, para que sendos organismos realicen las investigaciones a las que exista lugar frente a este tema.
La investigación por el caso de las presuntas falsas terapias, al igual que el 'cartel de la hemofilia' también fue realizada por la Contraloría, con base en hechos de corrupción que se efectuaron entre mayo y septiembre de 2015, a través de una auditoría que realizó el organismo de control sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones en ese mismo periodo.
Lo que descubrió la Contraloría, tal como reveló en un comunicado, es que 'los pagos a la IPS Funtierra alcanzaron la suma de $6.252 millones, y fueron autorizados por la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba por tratamientos médicos que incluían distintas terapias: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional. Sin embargo, al revisar la documentación aportada por la IPS para tramitar estos pagos, la Contraloría no encontró estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados'.
Agrega el organismo de control que 'tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual entre la IPS y la Gobernación, en los que se pudieran fundamentar los pagos realizados'.
Agrega la Contraloría que en las facturas mensuales presentadas por la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada, por los servicios supuestamente prestados para los cobros de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, se evidenció que en algunos casos no se habían completado los tratamientos recomendados por el médico neurólogo, y aún así la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si se hubieran prestado la totalidad de los servicios facturados'.
Agrega el comunicado de la Contraloría que, se evidenció que las terapias no se pagaban individualmente, sino por 'paquetes de terapias' (entre 50 y hasta 100 tratamientos). Sin embargo, al haberse practicado supuestamente las primeras 50 - independientemente de que el médico hubiera ordenado 80 ó 100 terapias -, se efectuaba el pago de la totalidad del 'paquete de terapias' cuyo precio correspondía a 100 tratamientos.
'De esa forma, el contratista facturaba de manera anticipada terapias que aún no se habían practicado, y sin la posibilidad de verificar que con posterioridad las mismas en efecto se llevaran a cabo', sostiene el organismo de control, por una suma superior a los $1.345 millones.
Sostiene finalmente la Contraloría que 'si bien la Gobernación de Córdoba practicó una auditoría médica a las solicitudes de pagos presentadas por conceptos de salud, en este caso el auditor médico contratado por la Secretaria de Salud Departamental (el médico Juan David Nader Chejne) avaló los diferentes pagos, estableciendo un valor de $0 (cero pesos) por concepto de glosas, evidenciándose así que los pagos se habrían autorizado sin que se verificara la adecuada prestación del servicio médico a cada uno de los pacientes'.
Responde Funtierra
El asesor jurídico de la IPS Funtierra, Eduardo Padilla Hernández, dijo que este pronunciamiento de la Contraloría 'es un refrito' de la regional Córdoba que en su juicio 'se está inventando hallazgos donde no existen'.
'Están tratando de atribuirse funciones que no tienen, según la ley, es decir, ellos no pueden imponerle tarifas a las IPS y menos meterse en el manejo de la empresa privada, por eso creemos que es un abuso y lo habíamos denunciado en días pasados ante la Fiscalía, incluso, solicitamos que los auditores se declaren impedidos por la parcialidad y por la delicadeza de la denuncia', precisó Hernández.
El asesor jurídico de la IPS dijo que es falso que no se hicieron la totalidad de las terapias por parte de Funtierra.
